La desigualdad no se ha ido de vacaciones

imagen15-M Serranía de Ronda.- En los últimos catorce años hemos vivido tres crisis socioeconómicas en España. Parece que fue ayer cuando la burbuja inmobiliaria estalló y disparó las cifras del paro de manera drástica.

Y es que a pesar de que esto sucediera en el año 2008, la recuperación no se hizo efectiva hasta el 2015 aproximadamente. Ahora bien, la pandemia nos llevó de nuevo a un conflicto financiero y, acto seguido, la guerra de Ucrania y la crisis energética se han convertido en duros momentos para nuestro bienestar, para llegar a una inflación incontrolada y una subida del Euribor del 1,067%, mientras los servicios públicos están disminuyendo a costa de engordar los servicios privados.

Mientras tanto, siempre hay alguien que sale ganando. Los ‘beneficios caídos del cielo’ del sector financiero, farmacéutico, energético y alimentario son un ejemplo de ello.

Según cálculos de Oxfam Intermón, en su Informe “La desigualdad no se va de vacaciones” los ingresos conjuntos de las cuatro mayores empresas energéticas de nuestro país crecieron un 34 % entre 2020 y 2021. Es más, sus beneficios en 2021 fueron el doble de la media observada durante los cinco años anteriores. Solo las centrales hidroeléctricas y nucleares habrían generado entre marzo de 2021 y marzo de 2022 más de 6.500 millones de euros de beneficios extraordinarios.

Como en crisis anteriores, la sociedad española se verá fuertemente impactada. Lo dijo con claridad, reciente-mente, el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández: “Somos más pobres que antes de la guerra”.

La inflación, nos hace más pobres y desiguales. La tasa de variación anual del Índice de Precios de Consumo del mes de julio se sitúa en el 10,8%. La tasa anual de la inflación subyacente, esto es, la variación de precios que no considera ni alimentos no elaborados ni productos energéticos, aumenta seis décimas, hasta el 6,1%. (INE)

La inflación ha reducido el poder adquisitivo de los hogares más pobres un 30%, más que el de los hogares de rentas altas. Los hogares con menos recursos están destinando más de un tercio de sus ingresos a pagar la factura energética.

En el primer trimestre de 2022, el 83,4% de la subida de los precios fue causada por los márgenes de beneficios de las empresas. Los salarios, esos a los que muchos apuntan como la causa de una subida de la inflación como excusa para congelarlos, solo fueron responsables del 3,5% y el 13,7% respectivamente en esos dos trimestres de 2022. (CCOO).

Según los datos del INE, desde la crisis de 2008 hasta 2019, las rentas salariales apenas han aumentado un 4,8% frente al 14,6% que se incrementaron los beneficios de las empresas. Como resultado del fuerte aumento de precios, los hogares de ‘clase media’ también verán disminuida su capacidad de ahorro, aumentando su vulnerabilidad.

Es la primera vez, desde el pasado julio de 2012, que el Euribor está en 1,067%, impulsado por el anuncio del BCE de subir los tipos de interés como escudo ante la inflación. Aumentar los tipos de interés sólo conduce a más endeudamiento a las familias y a la deuda pública que actualmente supera los 30.000 millones de euros anuales.

España recauda cuatro puntos porcentuales menos que la media de la Unión Europea. Además, no lo hace de manera justa, ya que el peso de la recaudación (83%) recae sobre las familias, mientras que las empresas solo contribuyen con el 11%.

Ahora bien, mientras toda la sociedad se ve impactada negativamente por la inflación (aunque de forma diferencial), algunos sectores económicos están haciendo su agosto.

El número de milmillonarios españoles de la lista Forbes ha aumentado desde el inicio de la pandemia. Hay cuatro nuevos milmillonarios, al mismo tiempo que la riqueza de los que ya lo eran antes de la pandemia ha crecido a un ritmo de 6,8 millones de euros al día.

Por ello, se necesita articular un conjunto de medidas de carácter más estructural, gravando la riqueza, el capital y a las grandes empresas para ayudar a financiar los servicios públicos y la protección social que podrían llegar a sumar 10.000 millones de € con los que España alcanzaría la media europea en gasto de protección social.

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