Decenas de kilos de carbón ante la oficina del Servicio Vasco de Empleo del barrio barakaldés de Beurko: contra los recortes y criminalización a las familias en situación de pobreza.  Hay que tener en cuenta que los tribunales han condenado en 244 ocasiones a Lanbide por su política de recortes y malas prácticas en los últimos 30 meses. En este contexto, cabe señalar que en el primer semestre del 2019 se ha registrado cada mes cerca de una decena de sentencias contrarias al Servicio Vasco de Empleo.

Nota de prensa

Los «Reyes Magos» dejan carbón en Lanbide de Beurko en castigo por los cientos de sentencias por los recortes y malas prácticas en las ayudas sociales.  Más de 250 condenas acumula el Servicio Vasco de Empleo por denegar y anular la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a familias en situación de precariedad y exclusión.  En el primer semestre de 2019 se ha registrado cada mes cerca de una decena de sentencias contrarias al Servicio Vasco de Empleo. Berri-Otxoak acusa a Lanbide de incumplir la legislación, los procedimientos y reglamentos de gestión y acceso a las prestaciones sociales. La asociación contra la pobreza exige al Gobierno Vasco que respete la ley y cesen los continuos recortes e incesantes campañas de criminalización hacia las familias en situación de pobreza.

Activistas sociales disfrazados de los Reyes Magos han dejado carbón ante las oficinas en Barakaldo del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide por llevar acumuladas, según datos oficiales del Gobierno Vasco, más de 250 condenas judiciales en tres años en relación a la denegación o recorte de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) a familias en situación de pobreza y precariedad.

La movilización, en la sede de Lanbide en el barrio de Beurko, ha sido realiza por la plataforma contra la exclusión y por los derechos sociales Berri-Otxoak. Los manifestantes se han situado ante las dependencias oficiales con una parcarta denunciando que “Lanbide vulnera los derechos, legislación, procedimientos y reglamentos de gestión y acceso a las prestaciones sociales”.

La plataforma barakaldesa ha mostrado de esta manera su “alarma por la actuación del Servicio Vasco de Empleo en relación a la Renta de Garantía de Ingresos y en cuanto a la atención y asistencia a las familias vascas más necesitadas”.

Berri-Otxoak ha destacado que “cada mes se producen alrededor de una decena de resoluciones judiciales contra este organismo del Gobierno Vasco”. Los datos reconocidos en el Parlamento Vasco indican al respecto un incremento de las condenas. Si en el año 2017 hubo 88 sentencias contra Lanbide por los tribunales de lo contencioso administrativo, en 2018 se dispararon las sentencias en un 18%, hasta llegar a las 104; y sólo en los seis primeros meses de 2019 se produjeron 52 fallos judiciales, a los que hay que unir las resoluciones de la segunda mitad del año que acaba de terminar.

El colectivo contra la exclusión social ha acusado además a la institución de “intentar encubrir su incompetencia e irregular funcionamiento eliminando y reduciendo ayudas sociales a las familias en situación de exclusión y precariedad”.

“La mayor parte de las actuaciones ilegales de Lanbide este año han correspondido a la suspensión y cancelación de la RGI. También destacan las condenas por reclamar a familias que devuelvan dinero de las ayudas sociales. El Servicio Vasco de Empleo ha exigido al menos en 14 ocasiones el reintegro de “cantidades indebidamente percibidas, pero la justicia ha señalado que era Lanbide la que actuaba irregularmente”, ha indicado el colectivo.

“Esta cascada de condenas confirma las denuncias sobre los constantes recortes, malas prácticas y campañas de criminalización que, por parte de Lanbide, sufren las personas perceptoras de las prestaciones sociales”.

Al respecto, la plataforma ha exigido a los grupos parlamentarios del Gobierno Vasco —PNV y PSE— y al partido que ha permitido la aprobación de los nuevos recortes presupuestarios, Podemos, “que garanticen un escrupuloso cumplimiento de la ley y procedimientos por parte de Lanbide, acabando definitivamente con sus habituales recortes y malas prácticas”.

“Los ciudadanos perjudicados se enfrentan a un auténtico calvario en su relación con Lanbide, que además tarda meses en acatar y cumplir las sentencias, y alarga más si cabe los periodos en que las familias tienen que sobrevivir sin recursos económicos y, en muchas ocasiones, dependiendo de organizaciones caritativas, por culpa de la actuación del Servicio Vasco de Empleo”, lamenta Berri-Otxoak.

“Estas situaciones afectan de manera especial a las mujeres, que son las que sufren de manera más profunda la pobreza en Euskadi. Ellas no sólo se tienen que someter a la criminalización y estigmatización que suponen los interrogatorios y constantes peticiones de documentación por parte Lanbide, sino que ven cómo se las niega la RGI incluso en situaciones en las que existen sentencias que demuestran que son víctimas de la violencia machista”.

Berri-Otxoak surgió hace 27 años, en 1992, y en sus tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado más de 12.000 familias.

Barakaldo, 2 de enero de 2020.