Aunque parece que el número de conflictos bélicos ha disminuido en las últimas décadas, la carrera armamentística y el gasto militar no ha dejado de incrementarse en este tiempo, superando infamemente al gasto en servicios públicos esenciales para garantizar derechos básicos como la alimentación, la garantía de renta, la salud, la educación, los servicios sociales o la vivienda.