Marea Roja, Alacant.- Una ley, la de la Renda valenciana d'Inclusió, que aunque mejoraba la anterior, la Renta garantizada de ciudadanía, nació viciada por una visión de la pobreza como un problema individual de ciertas personas, nació concebida como una herramienta de inclusión social, gestionada por los servicios sociales municipales, cuando en realidad debería de ser una renta económica, una renta sin contraprestaciones y sin que pueda ser utilizada por los servicios sociales como mecanismo de reeducación de las personas empobrecidas.