El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de La Orotava se suma, con esta ordenanza, a una especie de moda impuesta en los últimos años en los municipios del Estado español, por la que se pretenden dotar de instrumentos coercitivos, punitivos, policiales y sancionadores para intervenir en la regulación de los espacios públicos y, sobre todo, como veremos, para dificultar, criminalizar y penalizar actos que están directamente relacionados con derechos fundamentales como el de reunión, manifestación y libre expresión de las ideas.