Federacion Anarquista de Rosario.- A modo de balance del 2016, podemos concluir que durante el año se manifestaron, a groso modo, dos posiciones en referencia a cómo resistir la brutal ofensiva de los de arriba. Por un lado, la que apunta fundamentalmente a la canalización institucional de las demandas populares, con la mira puesta en las elecciones de 2017[1] y, por otro, la que se orienta al protagonismo popular y la lucha a fondo, que en estos momentos se hace imprescindible para no perder ninguna conquista.

Así, en los últimos meses del año pasado vimos como un sector de las organizaciones sociales cerraban un acuerdo de paz social en la búsqueda de quedar posicionadas como fuerza política alternativa a la debacle kirchnerista, con aspiraciones electorales a partir de conquistas en el ámbito parlamentario; a la par de disputarse internamente la representación del Papa a nivel local. Se evidencia cada vez con más claridad que la orientación que propone Bergoglio, lejos de ser antagónica a Macri, se enmarca en el refuerzo de la estatalidad y las instituciones dominantes, en pos de no volver a un momento de rebelión social similar al del 2001. En este sentido, la sanción de la Ley de Emergencia Social implicaría la administración de una obra social, y la creación de un órgano estatal con participación de las organizaciones sociales, llamado Consejo de Economía Popular. Estas concesiones sumadas a algunas migajas para fin de año, fueron los puntos de una negociación por la cual Barrios de Pie, la CTEP y la CCC no solo permitieron pasar un diciembre con poca conflictividad sino que además firmaron una cláusula de paz social hasta el 2019.

También durante diciembre las desinteligencias que se dieron en el congreso en referencia al mal llamado impuesto a las ganancias, se resolvieron con concesiones de todas las partes en pugna: Macri, Massa, la CGT, el bloque del FPV y los gobernadores llegaron a una salida negociada en la cual no se modifica sustancialmente la situación del impuesto al salario. Por un lado, este acuerdo legaliza que más de un millón trabajadores sigan pagando ganancias, al igual que gran cantidad de jubilados. Por el otro, cuando se concreten nuevos acuerdos paritarios aumentará nuevamente la cantidad de trabajadores que paguen el impuesto volviendo proyectivamente a la situación anterior. Como expresión de este acuerdo sobre el cierre del año pasado el presidente se mostró juntándose a brindar con la burocracia sindical, mientras cientos de miles de trabajadores perdieron sus puestos de trabajo durante 2016 y se va delineando un escenario de empeoramiento de esta situación, no sólo de pérdidas de trabajo sino de salarios a la baja y mayor precarización.
Aun así, distintas luchas puntuales que se desarrollaron durante el año han desbordado los intentos de contención y canalización institucional. En este sentido, destacamos la lucha de las mujeres durante el 2016, que mediante grandes movilizaciones y fruto de años de organización en el plano feminista han sabido dar batalla en las calles. La acción directa, la organización y la unidad por abajo demostraron ser las mejores aliadas del pueblo en la resistencia a la ofensiva neoliberal y reaccionaria.

Algunas señales del gobierno dan cuenta que en el 2017 los de arriba pretenden dar un nuevo envión al ajuste. El panorama cada vez más complejo e imprevisible en lo internacional, con la asunción de Trump, que puede complicar la supuesta llegada de inversiones, las posibilidades de endeudamiento externo y el precio de los commodities, perfila a Cambiemos a profundizar medidas de ajuste, incluso, en un año electoral. A esto se le suma que las burocracias (sindical y piquetera) le regalaron a Macri un año en donde pudo medir sus fuerzas e intenciones y en base a esto el gobierno evaluar el margen con que cuenta para avanzar.

La represión parece tomar también impulso, a partir del momento en que se vuelve a hablar desde el gobierno de la iniciativa anti-protesta, esta vez para la capital del país. Los episodios represivos son cada vez menos espaciados y más acompañados de discursos mediáticos que los hacen más aceptables para la “opinión pública”. La guerra de pobres contra pobres se pone en el foco mediático, los jóvenes pobres pasan a ser el enemigo público número uno, y mientras tanto los/as trabajadores/as se convierten en un “costo laboral” y los jubilados/as en “gasto público”, una circulación de discursos con efectos bien prácticos y materiales. En este sentido el gobierno, con importante ayuda de los grandes medios de comunicación, impulsa una campaña de propaganda ideológica apuntada a legitimar su programa -paradójicamente desde una postura declarada como post-ideológica-, y a profundizar el proceso de fragmentación de la clase oprimida, cambios en la esfera cultural orientados a borrar cualquier elemento que pueda remitir remotamente a una idea de socialismo.

No es casualidad, que habiendo pasado un diciembre relativamente “tranquilo”, en los primeros días del mes de enero se hayan anunciado toda una batería de medidas apuntadas a atacar las condiciones de vida y de trabajo, con la expectativa de que a mayor explotación haya mayores niveles de inversiones; algo que empieza mal y termina peor para los/las de abajo. Parece que el gobierno entiende que si la apuesta de las burocracias es la de “resistir” desde el parlamento, comprometidos a fondo con la gobernabilidad tal como indica el mandato papal, éste sería el momento de avanzar con la reforma anti-obrera que reclaman los sectores empresariales.

Estas medidas se dieron, sin vacilación, en el marco de una serie de situaciones que ponen de relieve la precariedad del hábitat en donde vivimos los/as de abajo, y que fueron una especie de anecdotario de noticias provenientes del “interior” del país. Las reiteradas inundaciones y aludes, producto del modelo de devastación agropecuaria; los incendios en La Pampa que dan lugar a un sin fin de negocios inmobiliarios especulativos; los ya conocidos derrames de cianuro por parte de las mineras en las aguas de la provincia de San Juan; el avance de proyectos inmobiliarios privatizadores por parte de dueños internacionales y nacionales, que se vienen dando hace décadas en la Patagonia y que ponen en jaque el acceso al agua, la energía y el territorio por parte de quienes habitan allí. Así, es pertinente mirar aquellas luchas que se dieron como respuesta por parte de pobladores y comunidades mapuches organizados (en su mayoría fuertemente reprimidas), buscando siempre la forma de articular la resistencia en contra de este sistema de dominación.

El saldo del año nos deja como aprendizaje que en donde la resistencia y la solidaridad se expresaron en la calles mediante la acción directa, los/las de abajo pudimos mantener nuestras conquistas y reivindicaciones, es decir el límite lo pusimos luchando.

Durante este año desde la FAR apuntamos a seguir construyendo desde esa orientación en el campo de las luchas sociales. En un año electoral y de ajuste es probable que las elecciones funcionen como un freno para la presión hacia los/las de abajo pero también como una distracción para sectores del campo popular que volcaran sus energías a la disputa dentro del sistema, debilitando las posibilidades de lucha y unidad por abajo.

Por eso, una de las tareas del año será seguir fortaleciendo la perspectiva y el horizonte de construcción de poder popular, con claridad en referencia a lo que el sistema propone con sus mecanismos de dominación que sirven para domesticar las luchas y hacerlas funcionales –en su cercamiento institucional- a un entramado de relaciones sociales que no hace más que reproducir lo esencial del capitalismo.

Sin concesiones, ni posibilismos donde la participación popular permita avanzar, e impidiendo que nuestra lucha sea un instrumento para la construcción de aparatos electorales, defendiendo siempre la independencia de clase.

Ya sea en el plano ideológico como en nuestra participación en las luchas sociales nuestra lucha es por fuera de las urnas y ES EN LA CALLE DONDE SE CREA UN PUEBLO FUERTE!! EN LA CALLE CONSTRUIMOS PODER POPULAR!!
 
 [1] Este posicionamiento pro-institucionalista es reflejado por posturas del FIT, la UP de De Genaro y el PCR entre otros sectores de izquierda, hasta las posiciones del sindicalismo burocratico proveniente de distintas vertientes del PJ a través de sus diputados.