A lo largo del último año, casi todos los líderes del mundo han promovido el odio, no han defendido los derechos humanos, han hecho caso omiso de los crímenes contra la humanidad y han dejado alegremente que la desigualdad y el sufrimiento aumentará aún más que en años anteriores. Esto provocó protestas masivas el año pasado, dónde la cifra de personas que fueron atacadas por luchar contra la injusticia alcanzó un nivel récord, 312 homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos, un aumento respecto a los 281 del año 2016.
El Informe 2017/18 de Amnistía Internacional arroja luz sobre la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2017. En un periodo en el que las medidas de austeridad y las catástrofes naturales han sumido a muchas personas en una mayor pobreza e inseguridad, el informe de este año también pone el foco en los derechos económicos, sociales y cultura-les. En 2017 se aplicaron medidas de austeridad generalizadas en países de todas las regiones del mundo, limitando sobre todo los derechos económicos y sociales de las personas.

La austeridad es una cuestión de derechos humanos. Afecta al acceso de las personas a la educación, la salud, la vivienda, la seguridad social y otros derechos económicos y sociales. Con demasiada frecuencia, los gobiernos hacen caso omiso de esos derechos y toman decisiones cuya mayor carga hacen recaer sobre quienes viven en la pobreza, al tiempo que ponen en peligro el bienestar de la sociedad en su conjunto. La austeridad es una cuestión de orden mundial.

En Europa, la ciudadanía se echó a las calles para protestar por los dañinos efectos de las medidas de austeridad en España, Grecia, Reino Unido y Serbia. En el caso de Reino Unido, investigaciones llevadas a cabo en Inglaterra relacionaron alrededor de 120.000 muertes con los recortes en la atención de la salud y los servicios sociales.

En el África subsahariana se han recortado los servicios sociales y los subsidios para personas en situación precaria, al tiempo que han aumentado los impuestos al consumo, como el impuesto sobre el valor añadido (IVA), lo que con frecuencia afecta especialmente a quienes viven en la pobreza.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) no ha dejado de “aconsejar” a países como Botsuana, Burundi, Mauricio, Mozambique, Namibia y Togo que sigan aplicando medidas de austeridad, a pesar de que en 2012 había reconocido que este tipo de enfoque no siempre estaba justificado y podía ir en detrimento del crecimiento económico necesario para sufragar servicios. En el norte de África, la respuesta del gobierno de Argelia a la caída de los precios del petróleo consistió en reducir enormemente el gasto en el presupuesto de 2017, a la vez que se aumentaba del 2 al 19% el IVA.

Las economías de Asia y Oceanía y Oriente Medio estaban igualmente atadas de pies y manos por las medidas de austeridad. Durante 2017 hubo recortes en el gasto público en Indonesia, Mongolia y Sri Lanka. Incluso los presupuestos de países ricos en recursos como Qatar y Arabia Saudí se redujeron en aplicación de medidas destinadas a reducir el déficit público dando prioridad a la eficiencia económica sobre la protección social.

Mirando al futuro, algunos comentaristas predicen un “apocalipsis de austeridad” incluso a corto plazo. Se prevé que regiones como el sudeste asiático y el África subsahariana se vean especialmente afectadas. Un informe pronostica que, en los próximos tres años, la austeridad golpeará a más de dos tercios de los países del mundo, afectando a más de 6.000 millones de personas y destruyendo el 7% del producto interior bruto mundial. Se calcula que el coste humano se traduzca en la pérdida de empleo para millones de personas, 2,4 millones de ellas en países de bajos ingresos, con escasas perspectivas laborales alternativas.
La divulgación en noviembre de 2017 de los denominados “papeles del paraíso” reveló el enorme alcance de la evasión fiscal y de la agresiva elusión fiscal en todo el mundo. Se calcula que solamente Brasil pierde hasta 80.000 millones de dólares estadounidenses al año como consecuencia de la evasión fiscal. Además de los paraísos fiscales conocidos, un estudio de 2017 demostró que países como Irlanda, Países Bajos, Reino Unido, Singapur y Suiza están facilitando la evasión fiscal en otros países. Globalmente, se calcula que la cifra anual podría ser de hasta 10 billones de dólares.