Miles de personas arropan a pensionistas vascos y vascas tras finalizar su ayuno-encierro

imagenLlevando botellas de agua en las manos, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria finaliza su protesta con una masiva manifestación en Bilbao exigiendo una pensión mínima de 1080 euros.

MPEH. Miles de hombres y mujeres de Euskal Herria hemos vuelto a salir a las calles por unas pensiones públicas, dignas, justas y suficientes y una pensión mínima de 1080 euros ¡Ya! Hemos certificado que luchar merece la pena y que el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria sigue vivo y fuerte.

Agradecemos a todas las organizaciones sociales y sindicales que han participado en la manifestación por su presencia y mostramos nuestro deseo de seguir coincidiendo en las movilizaciones hasta conseguir los objetivos.

El MPEH llevamos más de cinco años reivindicando una pensión mínima de 1.080 € en 14 pagas, por considerar que es un ingreso básico para que una persona pensionista pueda acceder a una vida digna en su vejez, y una medida efectiva para reducir la brecha de género en las pensiones.

Garantizar los ingresos mínimos necesarios para las personas mayores y pensionistas es también responsabilidad de los gobiernos e instituciones de la CAV y Navarra y así lo hemos demandado una y otra vez exigiendo complementar a 1080 euros la pensión mínima.

Las personas pensionistas, después de toda una vida laboral, estamos viendo como reforma tras reforma se reducen nuestras pensiones con lo que cada vez es más difícil garantizar un nivel de vida digno y especialmente para las mujeres jubiladas cuyas pensiones medias son un 36% inferior a la del hombre. En la CAV y Navarra, tras incluir la última subida del 8,5%, 167.943 pensionistas en la CAV y 51.358 en Navarra están por debajo de 1080 euros, afectando especialmente a las mujeres.

Pues bien, en estos momentos en el que la subida de los precios de recursos básicos como la energía y los alimentos están siendo utilizados para incrementar los beneficios de los oligopolios financieros y de la energía las personas en general y las personas mayores y pensionistas en particular vemos como empeoran nuestras condiciones de vida. Mantener las condiciones de confortabilidad en las viviendas, garantizar la salud, alimentación sana y servicios de atención y cuidado es cada vez más difícil. Pensiones, salarios y servicios públicos son los paganos de un desigual reparto de la riqueza que a través de las políticas públicas hace que los ricos sean cada vez más ricos a costa de la mayoría social. Por desgracia el recientemente aprobado Decreto Ley de reforma de las pensiones sigue sin garantizar una pensión mínima de 1080 euros y tampoco lo han hecho los gobiernos de la CAV y Navarra.

Este Decreto Ley, a pesar de los aspectos positivos que contiene es parte de un proceso de reformas que está recortando pensiones y derechos de las personas pensionistas, reformas que como la del 2011 deberían haber sido derogadas y que esta reforma perpetua.

Esta no es la reforma que desde hace más de cinco años venimos reclamando en las calles y vamos a continuar nuestra lucha como lo hemos hecho hasta aquí hasta conseguir los objetivos por los que estamos luchando desde hace más de 5 años.

    • Que los gobiernos de la CAV y Navarra complementen las pensiones mínimas hasta los 1080 euros ¡Ya!
    • Incrementar la pensión mínima hasta alcanzar los criterios de suficiencia de la Carta Social Europea empezando por 1080 euros.
    • Derogar los recortes de las reformas de pensiones incluida la de 2011 (Recuperar cuando menos la jubilación a los 65 años, 15 años para el periodo de cálculo de la pensión…)
    • Recuperar la pérdida del poder adquisitivo de salarios y pensiones y restablecer para ello la paga compensatoria de las pensiones.
    • Medidas efectivas para erradicar la brecha de género en salarios y pensiones. 100% de la pensión de viudedad.
    • Derogar los coeficientes reductores de la jubilación anticipada con 40 años cotizados.
    • Garantizar las pensiones mediante la creación de empleo de calidad y salarios dignos garantizar el sistema público de pensiones ante los intentos de privatizarlo.

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