Florentino Pérez también saca tajada del negocio migratorio

Solapas principales

Florentino Pérez, presidente de ACS. Foto: REUTERS/Valentyn OgirenkoDavid Vázquez / por Causa. yoibextigo.lamarea.com.-  La Industria del Control Migratorio (ICM) es un conglomerado de empresas que hace negocio con las políticas migratorias y se financia por completo con dinero público. En España, una de sus grandes beneficiarias es Clece, filial de ACS, empresa presidida por Florentino Pérez y con un repertorio de productos y servicios diversificado.

ACS entra de lleno en dos de los negocios más lucrativos de la ICM: los perímetros fronterizos, el sector que genera más gasto público, y la detención y expulsión de migrantes, en el que la empresa provee servicios de seguridad y gestión. Entre 2014 y 2019, el gobierno de España adjudicó a Clece más de 5,5 millones de euros por los servicios de alimentación, limpieza y vigilancia interna de los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta y Melilla, según se extrae de los más de 1.700 contratos públicos del ámbito migratorio analizados por la Fundación por Causa.

Ni Clece ni el Ministerio del Interior, principal responsable de estos centros, responden para aclarar cuántos contratos públicos para control migratorio fueron adjudicados a esta empresa en total. A esta falta de transparencia se suma el veto del Gobierno al acceso de los periodistas a estos centros de detención de migrantes, que han sido objeto de múltiples denuncias por malos tratos, hacinamiento e insalubridad.

Clece tuvo unos ingresos 1.504 millones de euros en 2018 y tiene su mira puesta sobre todo en Portugal y Reino Unido, donde su negocio creció por encima del 15% ese año, según sus últimas cuentas de resultados. Sus principales intereses están hoy lejos de Ceuta y Melilla, aunque estos durante años fueron lo suficientemente poderosos como para que la empresa ingresara dinero regularmente por trabajar en los CETI, lugares cuyas condiciones de vida han denunciado instituciones como el Defensor del Pueblo o el Consejo de Europa en reiteradas ocasiones.

«Los responsables del centro han admitido que las instalaciones no reúnen las condiciones para el aumento de población», asegura Amnistía Internacional en un informe de 2016 que describe la vida en los CETI y que denuncia «las condiciones de hacinamiento y suciedad en la que debían vivir las personas que allí se encontraban, así como las pobres condiciones higiénicas y sanitarias existentes». Un año antes, Clece ya había recibido 894.975 euros (impuestos incluidos) adjudicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social a cambio del servicio de limpieza en el CETI de Melilla en 2015. Al año siguiente repitió, siéndole adjudicados 767.855 euros por la mismas labores, pero esta vez al CETI de Melilla se añadió el de Ceuta.

Cuando el Estado subcontrata a una empresa como Clece para gestionar residencias de ancianos, centros de menores o centros de detención de migrantes, la fórmula habitual es adjudicar a una misma compañía la gestión integral del centro: limpieza, seguridad, alimentación… El caso de Clece es distinto. La empresa realiza todas estas tareas en los CETI a través de contratos separados y de menor cuantía.

Ese mismo año, por ejemplo, percibió 83.767 euros a cambio de encargarse también del servicio médico de atención primaria del CETI de Melilla, del que Amnistía Internacional afirmó: «Recibimos quejas, en todas las visitas realizadas, sobre la asistencia sanitaria que se prestaba dentro del CETI. […] Otro solicitante de asilo contó a Amnistía Internacional: “No nos dan medicinas, el médico viene cuatro horas al día, pero hay días que no viene. No nos mira, solo nos hace algunas preguntas”. En el mismo informe, un solicitante de asilo de nacionalidad siria contó: “Muchos niños tienen piojos, sufren enfermedades de la piel, dermatitis, picores». La empresa no responde a ninguna de las preguntas formuladas desde por Causa acerca de esta denuncia, y tampoco aclara qué medidas aplica para evitar la vulneración de derechos de los internos en los CETI.

Clece tampoco responde sobre la seguridad de estos centros, tarea de la que se encargó tras recibir casi 1,5 millones de euros en 2015. Esto decía la representante en España de ACNUR, Francesca Friz-Prguda, sobre la cuestión en 2016: “Los CETI no ofrecen ni lo más básico, que son las mantas. Están pensados para hombres jóvenes trabajadores, no mujeres y niños traumatizados”. Amnistía también aborda el tema en su informe: «Zayed (nombre ficticio), de 23 años, viajaba solo. Dormía en una tienda de campaña. Manifestó estar preocupado por su seguridad: ‘Nos marchamos de la violencia y seguimos encontrando violencia. Hay gente aquí que tenía salida y les han robado por el camino. Hay unas 20 personas a las que han robado’».

En los últimos años, mientras Clece siguió recibiendo adjudicaciones públicas, como la recogida y el transporte de mercancías del CETI de Ceuta (tarea por la que percibió más de 160.000 euros en 2018), la vida en estos recintos no ha hecho sino empeorar, especialmente tras la llegada de la pandemia. “Hubo meses en que el centro se cerró y la gente no podía salir ni a por tabaco. El personal de seguridad ha requisado móviles de chicos que grabaron la situación. La vulneración de derechos es constante”, relatan Nina González y María Guillamet, trabajadoras de Solidary Wheels, una de las ONG que trabaja sobre el terreno.

Etiquetas: