Hogar sí.- El pasado 7 de febrero, Philip Alston, el relator especial de la ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, en sus declaraciones tras su visita a España, afirmó que “la pobreza es en última instancia una opción política, y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla”.

En nuestro país, al menos 33.000 personas viven en situación de sinhogarismo, según datos ofrecidos por la Estrategia Nacional de Personas Sin Hogar. El sinhogarismo es una grave vulneración de derechos y, además, una de las expresiones más extremas de pobreza. Según datos del INE, el 45% de las personas que viven en esta situación se vieron obligadas a abandonar su última vivienda por carecer de trabajo y un 26%, por no haber podido hacer frente a los costes del alojamiento. Un claro indicador de que la pobreza y la crisis de acceso a la vivienda están directamente relacionadas con el sinhogarismo.

La pobreza no solo se encuentra en el origen del sinhogarismo, también en su cronificación. Un 44% de las personas que carecen de hogar llevan 3 o más años en esta situación. Como pone de manifiesto el propio relator, su situación de exclusión residencial y la falta de una dirección permanente provocan que no puedan empadronarse en el municipio donde realmente residen, aunque lo hagan en la calle. Encontrarse en el padrón es en muchas ocasiones una condición indispensable para acceder a los servicios sociales municipales, lo que provoca que sean precisamente las personas que más necesitan obtener el apoyo de las políticas públicas quienes se vean excluidas de la principal vía de acceso a ellas.

Por desgracia, la exclusión no se limita solo al acceso a los servicios sociales. Un informe realizado por EAPN España (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) sobre rentas mínimas señala que solo 12.444 personas en situación de sinhogarismo de las 33.000 estimadas, es decir, menos de la mitad, acceden a los mecanismos de rentas mínimas, fundamentalmente por cuestiones relacionadas con el empadronamiento y la falta de un domicilio permanente. De nuevo, nos encontramos con la paradoja de que quienes más pudieran necesitar estas ayudas, no las reciben por encontrarse en una de las mayores situaciones de vulnerabilidad

Otra de las áreas en las que las personas en situación de sinhogarismo se encuentran excluidas tiene que ver con el derecho a la salud. La esperanza de vida de las personas sin hogar es entre 20 y 30 años menor que la de la población en general. Muchas de estas personas, especialmente quienes se encuentran en una situación de calle permanente, carecen de tarjeta sanitaria, lo que supone su exclusión del servicio de atención primaria. Por lo tanto, solo puedan acudir a los servicios de urgencias agravando los efectos de las enfermedades crónicas que puedan sufrir y generando además enormes sobrecostespara el sistema de atención.

En el caso de las ayudas al alquiler, dependientes del Plan Estatal de Vivienda, se da otra situación ilógica. Se trata de un conjunto de medidas que pretende mejorar el acceso a la vivienda, que en su definición formal incluye a las personas en situación de sinhogarismo, pero que en su puesta en práctica carece de programas específicospara personas en situación de sinhogarismo. Establece condiciones que directamente no pueden ser cumplidas por personas en situación de extrema pobreza como son las personas sin hogar.

En su comparecencia del pasado día 13 de febrero, el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales anunciaba como prioridad absoluta de su mandato la garantía de un ingreso mínimo vital como una prestación pública de la Seguridad Social. También anunció una ley marco de Servicios Sociales, en colaboración con las comunidades autónomas, que estableciera una cartera mínima de servicios en todo el Estado y reconoció que el acceso a la vivienda era uno de los principales factores de exclusión en España. Todos estos anuncios, sumados a la mención en el apartado de vivienda del acuerdo de gobierno de una nueva estrategia para solucionar el sinhogarismo, son sin duda esperanzadores para quienes tenemos como meta solucionar el sinhogarismo en nuestro país.

No obstante, el diseño e implementación de estas políticas públicas no puede seguir siendo ajeno a la realidad de las miles de personas cuyo derecho a acceder a una vivienda lleva, en algunos casos, décadas siendo vulnerado. Las organizaciones del tercer sector que venimos trabajando para cumplir con la Agenda 2030 y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también son competencia de la vicepresidencia del señor Iglesias, tenemos propuestas y conocimiento suficiente para colaborar en la const ucción de ese nuevo contrato social, que recientemente el vicepresidente anunciaba, para que no deje fuera a quienes hoy se ven privados de sus derechos humanos por su situación de pobreza y exclusión residencial.

Otra cuestión en la que queremos poner el acento, y que también señaló en su declaración el relator especial de la ONU, es en la necesaria inversión para impulsar las políticas públicas que nos lleven a erradicar la pobreza y el sinhogarismo. De nada sirve anunciar grandes leyes, planes o estrategias sin que dispongan de partidas presupuestarias específicas. Por eso, consideramos que, si tal como dijo el vicepresidente en la citada comparecencia “el 90% de la política que puede hacer un Gobierno son los presupuestos”, es absolutamente crucial que el proyecto de Presupuestos Generales para 2020 contenga, al menos, partidas específicas para desarrollar las estrategias de pobreza y de personas sin hogar y para financiar actuaciones destinadas específicamente a solucionar el sinhogarismo dentro del Plan Estatal de Vivienda.

Que en nuestro país avancemos hacia la erradicación del sinhogarismo y que las políticas públicas dejen de excluir a las personas que precisamente más lo necesitan es, hoy más que nunca, una decisión política.