15-M RONDA. En pocas palabras.- La Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2019, publicada por el INE, refleja la necesidad imperiosa de aumentar los sueldos en nuestro país, puesto que el salario más frecuente en 2019 fue tan solo de 18.490 euros brutos, un 24,2% inferior al salario medio (24.395 euros al año).

Por otro lado, el porcentaje de personas cuyos ingresos anuales eran inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) representa un 18,1% sobre el total. Si a ello le sumamos los trabajadores que cobran entre un 1 y 2 veces el SMI, el resultado global es que hasta un 64,4% de las personas trabajadoras presentan ingresos inferiores a 2 veces el SMI, padeciendo esa situación generalizada de bajos salarios en nuestro país.

El Servicio de Estudio Confederal de la UGT ha publicado “Impulsar la recuperación con mejores salarios” basándose en la Encuesta Anual de Estructura Salarial de 2019, en el que afirma que los reducidos salarios, unido a otros factores como la baja intensidad laboral, provocan la existencia de un alto número de personas trabajadoras en riesgo de pobreza, registrando un 12,7% en 2019, esto es, 3,5 puntos más que la media de la UE-28.

Además, la existencia de un elevado número de personas trabajadoras pobres no es un fenómeno puntual, puesto que hemos registrado ininterrumpidamente 5 de las peores ratios de la UE-28 en los últimos 10 años.

Se mantienen también los altos niveles de desigualdad retributiva que, a pesar del moderado crecimiento salarial en 2019, arrojan peores resultados que al inicio de la pasada crisis.

Estos resultados vienen motivados por una serie de factores complementarios. En primer lugar, la elevada tasa paro de nuestro país, que en 2019 ascendió al 14,1% (7,4 puntos más que la media de la UE), lo cual presiona a la baja los salarios en la medida en que se trata de un problema generalizado que reduce el poder de negociación de las personas trabajadoras. Para colmo, en el primer trimestre de 2021, la tasa de paro subió al 15,98%, según la Encuesta de Población Activa.

En segundo lugar, la dramática precariedad laboral, un problema estructural que se vio intensificado más si cabe con la aprobación de la reforma laboral de 2012, en la medida que promovió un empleo de baja calidad, con altas tasas de temporalidad, rotación laboral y empleo a tiempo parcial involuntario, mientras reducía la estabilidad de los contratos indefinidos.

Y, por último, el desequilibrio existente en favor del empresariado, ofreciéndoles la capacidad de determinar de forma discrecional las condiciones de trabajo y, por ende, las condiciones salariales. En este sentido, el debilitamiento de la negociación colectiva tras la Reforma Laboral de 2012, en la medida que priorizaba los convenios de empresa sobre los sectoriales, ha generado que las empresas sean las principales beneficiadas en tiempos de bonanza económica, limitando a su vez el grado de crecimiento de los salarios y su participación sobre la riqueza nacional.

Además, la brecha salarial anual entre mujeres y hombres se sitúa en un 19,5%, 1,9 puntos inferior a la existente un año antes, pero aún muy elevada. La ligera mejora se debe a que los salarios de las mujeres aumentaron más que los de los hombres en 2019 (3,2% frente a 0,7%). Pero lo cierto es que en 2019 las mujeres ganaron de media 5.252 euros anuales menos que los hombres.

El Real Decreto 902/2020, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, supone sin duda un primer paso fundamental para acabar con las desigualdades salariales que sufren las mujeres.

La UGT propone ante esta realidad sangrante de sueldos bajos en el país, en primer lugar, continuar con la senda de crecimiento del SMI; que la patronal se sienta a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva; desarrollar plenamente la Ley de Igualdad Salarial para erradicar definitivamente la brecha salarial que sufren las mujeres y, sigue siendo absolutamente prioritario derogar la Reforma Laboral del PP de 2012.

Debemos ser capaces de crear empleo de calidad, más estable, seguro y mejor retribuido, de forma que genere una mejora inmediata de la calidad de vida de la clase trabajadora, a la par que se fortalece la capacidad de consumo de primera necesidad y la demanda agregada.