12oct. cuencaalternativa.net.-  El Ayuntamiento de Cuenca suscribió un crédito de 5 milliones de euros para especular con el “Edificio de los sindicatos” situado próximo al Parque San Julián, así lo afirma el colectivo conquense “No Pagamos”. 

El Colectivo No Pagamos ha hecho público su segundo informe dentro de su campaña de auditoria ciudadana de la deuda del Ayuntamiento de Cuenca. A partir de ahora, irá evaluando cronológicamente los diferentes créditos suscritos por el Ayuntamiento. El objetivo es lograr que la ciudadanía declare deuda ilegítima todas aquellas obligaciones financieras que el Ayuntamiento haya contraído de espaldas a la gente, con las consecuencias de recuperación de dinero público y exigencia de responsabilidades que de ello se deriven.

Este segundo informe se ocupa del crédito de 5 millones que el Ayuntamiento de Cuenca suscribió en 2008 para construir las nuevas sedes de la patronal CEOE y de los sindicatos UGT y CCOO, y así hacer posible el cumplimiento del convenio de permuta firmado con el Ministerio de Trabajo en octubre de 2007. La permuta consistía en que el edificio de las actuales sedes de CEOE, UGT y CCOO, junto al parque San Julián, pasaría a ser propiedad del Ayuntamiento y éste, a cambio, construiría tres edificios en la zona de San Fernando-Ronda Oeste donde se albergarían las nuevas sedes de la patronal y los sindicatos mayoritarios, edificios que pasarían a ser propiedad del Ministerio de Trabajo.

Esta operación contó con el acuerdo de UGT, CCOO y CEOE y de la Comisión Consultiva de Patrimonio Sindical.

El Colectivo No Pagamos afirma que el crédito y la permuta tenían un fin especulativo porque, en el momento de firmarse el convenio con el Ministerio de Trabajo, el solar del edificio de patrimonio sindical estaba destinado a equipamiento público en el Plan de Ordenación Urbana, pero el nuevo Plan de Ordenación Municipal (P.O.M.), que estaba siendo tramitado desde el año 2006, incluía una recalificación de esos terrenos que pasaban a detentar la condición de bien patrimonial para usos residenciales, al tiempo que las plantas de edificación permitidas aumentaban a siete.

Como es sabido, el P.O.M. no llegó a aprobarse, pero de haber sido aprobado, la recalificación hubiera supuesto un aumento considerable del valor del conocido como “edificio de los sindicatos”, en todo caso, un valor muy superior a los 5 millones con los que fue tasado para la permuta. La intención era vender rápidamente el edificio una vez recalificado el solar para devolver el préstamo en dos años y obtener una importante suma de dinero.

El Ayuntamiento quiso comportarse como una entidad inversora de las muchas que, con sus prácticas especulativas y el permiso de unas leyes hechas para enriquecer a los ricos, elevaron desorbitadamente el precio de la vivienda. El resultado es que el crédito que pidieron para especular con el “edificio de los sindicatos” es ahora parte de la deuda de más de 60 millones que el Ayuntamiento tiene pendiente y que, a falta de una decisión cívica por el impago democrático, estamos pagando la ciudadanía y los trabajadores del Consistorio.

El convenio de permuta con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se firmó el 23 de octubre de 2007, ya con el PP en el gobierno municipal. Por su parte, el PP modificará en 2008 el proyecto inicial. Abandonará la idea de la construcción de viviendas e incluirá en su Plan Revitaliza el propósito de, una vez aprobado el P.O.M., rehabilitar el edificio actual para convertirlo en un hotel gestionado, mediante una concesión de servicio público, por una empresa mixta de la que el Ayuntamiento sería socio y de la que, además, percibiría un canon por la concesión.

El proyecto del PP mantenía el afán especulativo, pero lo adaptaba a los nuevos tiempos de desaceleración del boom inmobiliario. De cualquier manera, este proyecto exigía que los plazos de amortización del préstamo se multiplicaran por 10, pasando de 2 a 20 años, con el consiguiente incremento de intereses y gastos variados.

El 28 de junio y el 19 de julio de 2010 se aprobaron las adjudicaciones definitivas para la construcción de los nuevos edificios y en octubre y noviembre de ese mismo año se pusieron las primeras piedras. Pero el P.O.M. no se aprobó y en estos momentos las obras están paradas.

En resumen, en lugar de conseguir que el Ministerio del Trabajo rehabilitara sus edificios a un coste razonable, el Ayuntamiento (gobernado primero por el PSOE y luego por el PP) se embarcó en una “aventura” especulativa muy costosa que sólo ha producido deudas y esqueletos de edificios. Ahora quieren que la ciudadanía y los trabajadores paguemos su “aventura”.

Se mire por donde se mire, no tenía ningún sentido pedir prestados 5 millones para conseguir que los sindicalistas de UGT y CCOO y los asalariados de la CEOE trabajaran en buenas condiciones. Primero, porque no era obligación del Ayuntamiento (aunque podría haber colaborado), el proporcionar esas buenas condiciones, sino del Ministerio de Trabajo. Y, segundo, porque la cifra sobrepasa escandalosamente aquella que hubiera bastado para resolver el problema.

En estos momentos, el Ayuntamiento está intentando negociar con el Ministerio de Empleo el reinicio de las obras. Según declaraciones del Secretario General de CCOO de Cuenca, confirmadas posteriormente por portavoces municipales, la intención del Ayuntamiento sería donar al Ministerio lo invertido hasta ahora en las obras de las nuevas sedes (unos 2 millones de euros) y que el Ministerio vendiera el actual edificio del Parque de San Julián, para con ese dinero terminar las obras.

Si esto es cierto, el Ayuntamiento estaría proponiendo una solución que supone haber invertido dos millones de euros de su presupuesto para unas obras que no le correspondían y  construir unas sedes que no son de su competencia, hacer frente a los costes financieros de un préstamo de 5 millones de euros y entregar los terrenos sin recibir absolutamente nada a cambio. Ni que decir que todos estos “costes” están siendo cargados de forma ilegitima sobre la ciudadanía y los trabajadores del Consistorio.

Por lo demás, la ciudadanía tiene derecho a saber qué ha hecho el Ayuntamiento con el resto del dinero del crédito (unos 3 millones de euros) que no ha invertido en el proyecto para el que lo solicitó.

El Colectivo No Pagamos informa, además, que el Ayuntamiento todavía no ha respondido a la sencilla pregunta que guiaba su primer informe: ¿cómo se pagó el Bosque de Acero?; y piensa que después de tres meses es difícil que vayan a responder. La opacidad intencionada del Ayuntamiento debe ser suficiente argumento para establecer que los casi 8 millones que costó el Bosque de Acero son deuda ilegítima que la ciudad de Cuenca no tiene que pagar.

A esos ocho millones, hay que sumar los cinco de las sedes de UGT, CCOO y CEOE. La ilegitimidad en este caso proviene del objetivo especulativo con el que se contrajo el préstamo. Ocho y cinco son trece millones, por ahora, de deuda ilegítima.