alternativasnoviolentas.org. Juan Carlos Rois.- Acabar con los maltratos sociales e institucionales contra las personas pobres.

El próximo 17 de octubre está declarado por la ONU como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Cada año el día internacional de erradicación de la pobreza se concentra en un lema de sensibilización y lucha que sirve de hilo conductor para la sensibilización de los siguientes 365 días. El referente a 2024-2025 es “Acabar con los maltratos sociales e institucionales. Actuar juntos por sociedades justas, pacíficas e inclusivas”

Pone el énfasis, por tanto, en las violencias ocultas que sufren las personas en situación de pobreza, las cuales consolidan sociedades injustas, no pacíficas y excluyentes. Se trata de dimensiones evidentes de la violencia estructural y cultural que forman parte de la realidad de nuestro orden social y que caen sobre las costillas de la gente empobrecida.

Suponen para las personas pobres estigmatización, discriminación, culpabilización, invisibilización, estereotipos, padecimiento de abusos de posición y hasta ofensas y maltrato perfectamente normalizados, tanto en el trato personal con las administraciones, como en la propia concepción de los distintos dispositivos institucionales con los que se relacionan y en su interrelación con el resto de la sociedad.

Dimensiones del maltrato social e institucional hacia las personas empobrecidas

El maltrato institucional y social implica una situación dialéctica y unos procesos relacionales complejos que tiene dos polos, el de las víctimas que lo sufren y el de las sociedades y sus instituciones que lo propician, de modo que, con la diferente gradación de responsabilidades, todos formamos parte de esta posición perversa y todos tenemos que revisar nuestra propia responsabilidad, por acción u omisión, en la victimización de los pobres y en la perpetuación de la pobreza.

Ya existe suficiente literatura científica incidiendo en el maltrato institucional y la violencia que oculta que conlleva, tanto el propiciado por un funcionariado no siempre sensible a la causa de las personas pobres, como el de los procesos burocratizadores, las normas condicionadas, los discursos políticos, las políticas públicas diseñadas para el control de los pobres y la falta de reconocimiento de la actoría y del valor de las personas pobres. Podemos, por ejemplo, referir “Automatización de la desigualdad. Herramientas de tecnología avanzada para supervisar y castigar a los pobres” de Virginia Eubanks (capitán Swing) o “Aporofobia. EL rechazo al pobre” de Adela Cortina (Paidós). También en la literatura hay alguna obra que expresa con bastante claridad este tipo de violencia institucional y que nos puede servir para empatizar contra el maltrato institucional hacia los pobres, como el libro “Silencio administrativo” de Sara Mesa (Anagrama) o el libro “Casi” de Jorge Bustos (libros del Asteroide).

El maltrato institucional a las personas pobres forma parte del tinglado de dispositivos e instituciones de la España de siempre, desde el que se propicia en las leyes específicas e inespecíficas hacia la población empobrecida, jueces, policías de todo pelaje, y otros agentes de control social, hasta los más “micro” con el que ponen su “granito de arena” personal una parte de nuestro funcionariado que no funciona.

Maltrato institucional del gobierno mas progresista de la historia. El ejemplo del IMV

Tampoco escapa a éste la actuación intencional del que se supone el gobierno más progresista de la historia. Al menos así se demuestra con la ley aporofóbica del Ingreso Mínimo Vital y su aplicación práctica. Una y otra están sirviendo de sumidero por el que las personas sin recursos y en situación de extrema pobreza van cayendo en una cada vez más endiablada cadena de sumisiones, con el colofón final de deudas públicas por pagos indebidos, efectuados merced a la nefasta gestión administrativa de estas prestaciones, que los condena a la muerte civil.

Dicha legislación se ha desarrollado con una concepción de “gestión” de la pobreza, no de “lucha” por su erradicación.

Contempla una visión política restrictiva, desconfiada y de control hacia las personas sin recursos económicos ni posibilidades de obtenerlos por sí, bajo un maremágnum burocrático que impone grandes barreras de acceso a dicha prestación (por razones de edad, de composición familiar, de inscripción padronal o de situación administrativa irregular); que contempla prestaciones económicas abiertamente insuficientes con arreglo a los estandares internacionales y las exigencias legales derivadas de la Carta Social Europea; que fragiliza todavía más las ya de por sí escasas posibilidades de inserción laboral de las personas perceptoras de este ingreso, para las que se han diseñado itinerarios laborales que únicamente servirán para aceptar trabajos precarios, de escaso salario y amplias posibilidades de explotación y de limitado tiempo; y que cronifica la pobreza, convirtiéndose en una ley trampa de la pobreza y en un mantra tranquilizador de la conciencia paternalista y despótica de un progresismo light cada vez más rendido al pesimismo cínico ante las corrientes autoritarias que avanzan en la sociedad.

Por si fuera poco, una nefasta gestión de la prestación viene a complicar más las cosas, con la absurda exigencia de documentación de la que ya cuenta la administración, con la tediosa prolongación de los plazos legales sine díe, con las graves deficiencias de personal suficiente y debidamente cualificado para atender a la gestión (cuando no la externalización de la gestión a entidades privadas y despachos de abogados), con la emisión de resoluciones no motivadas, con un lenguaje formal e incomprensible, referencias genéricas a leyes y groseros errores, con la endiablada judicialización de las situaciones hacia una justicia colapsada y, ciertamente, poco sensible hasta la fecha, junto con el tradicional trato distante y escasa empatía con las personas empobrecidas, todo lo cual no hace sino reforzar la sensación de hostilidad administrativa hacia los y las pobres.

El remate se contempla con la escasa flexibilidad de la concepción de esta prestación para adecuarse a la idiosincrasia compleja y poco parecida a la “normalidad” burguesa de las familias pobres, así como a los constantes cambios que sus situaciones vitales sufren, con la interrupción y extinción de la prestación en múltiples casos a pesar de subsistir la situación de necesidad que la motiva.

Y como colofón, un perverso sistema de “cobros indebidos” pensado para “recuperar” las prestaciones mal concedidas por la administración, provocando el endeudamiento de las familias atrapadas en la ley del Ingreso mínimo vital y cronificando la pobreza de unos “beneficiarios” a los que se supone que se quería sacar de la rueda de la misma.

Un sistema de cobros indebidos que, junto con el desastre monumental de la gestión de la prestación, ha provocado quejas unánimes tanto de las organizaciones sociales, como de la doctrina jurídica, del propio Defensor del Pueblo y de las articulaciones de los propios afectados e incluso la demanda contra España ante el Comité europeo de Derechos Sociales por los flagrantes incumplimientos de la Carta Social Europea y violación de derechos fundamentales a cuyo respeto se ha comprometido España en el ámbito internacional.

Al respecto cabe decir que el propio Estado, para rellenar la estadística triunfalista con la que adorna su discurso presudosocial, concedió de oficio, a partir de 2020 a miles de perceptores por entonces de prestaciones a favor de familiares, el Ingreso Mínimo Vital, sin que éstos lo hubieran solicitado y a pesar de contar con datos suficientes para conocer que no podrían ser perceptores de esta prestación dados sus requisitos. Dos y tres años después y al efectuar revisiones de oficio de los expedientes concedidos, nuestros sagaces funcionarios “se dieron cuenta” de que estos beneficiarios a la fuerza del Ingreso Mínimo Vital no reunían condiciones para causar derecho y procedieron a reclamar como cobro indebido (cuando más bien fue un pago erróneo de la propia administración) cuantías que superan los ocho, diez y hasta doce mil euros por prestaciones pagadas durante dos y tres años.

Se trata de deudas “solidarias” que pueden ser exigidas a cualquier miembro de la unidad familiar (incluidos los menores cuando lleguen a su mayoría de edad, que no prescriben y que se heredan). Una forma de dar con una mano lo que se quita con la otra.

También se piden cobros indebidos por las antiguas rentas autonómicas que siguieron cobrando algunas personas desde que solicitaron el IMV hasta que se lo concedieron y pagaron con efectos retroactivos más de un año después (porque la gestión del IMV se ha prolongado por encima de los plazos establecidos) por la “duplicidad” de prestaciones que se ha provocado por la desidia de la administración, no por la actuación de las familias empobrecidas.

Un tercer caso de cobros indebidos se provoca porque el propio estado no efectúa las comprobaciones oportunas sobre la subsistencia de las condiciones para ser beneficiario del IMV en tiempo real, sino con arreglo a los datos que proporciona Hacienda de la declaración de la renta del año anterior (es decir, del ejercicio de hace dos años), y que no tienen tampoco en cuenta las alegaciones de cambio de circunstancias efectuadas por las personas pobres, para exigir como cobros indebidos (como se ve dos años después) lo ingresado hasta la fecha por IMV si en el ejercicio comprobado se superó un determinado nivel de ingresos, a pesar de que las circunstancias, en ese plazo de dos años, hayan podido variar y encontrarse la familia en situación de vulnerabilidad de nuevo.

El grado de incertidumbre, sufrimiento y vulnerabilidad que provoca la ley del Ingreso Mínimo Vital en gran parte de la población empobrecida es clamoroso y una experiencia imborrable de indignación para quienes estamos cerca de estas situaciones. Decir a estas personas maltratadas que han de acudir a la maquinaria trituradora de los recursos administrativos o judiciales para exigir derechos que les son negados es tanto como mandar subir el Everest volando a un elefante cargado de piedras.

No es de extrañar, y a veces sospecho que se busca explícitamente con leyes como esta, que la gente más golpeada y que pasa por la experiencia del maltrato institucional, se desvincule y aparte de la sociedad, para la que ya son invisibles o un incordio, y no se sientan concernidos ni en la construcción de los consensos sociales ni en la participación en la sociedad. Qué fácil resulta en estas circunstancias que cualquier demagogo les prometa venganza u odio contra la sociedad satisfecha que los rechaza o que los manipule contra otros más frágiles a los que usar como simplista chivo expiatorio de sus males.

Otros casos de maltrato institucional

Desde luego, con ser en nuestras políticas públicas el principal, no es el único maltrato institucional hacia la pobreza. Podríamos poner con igual legitimidad la mirada sobre el trato a las personas en situación de calle y el sinhogarismo, hacia las familias monomarentales, hacia las minorías étnicas, a la pobreza energética o habitacional, al trato a los menores, el acceso a la sanidad y a la salud, hacia la respuesta institucional a la feminización de la pobreza, sus interrelaciones con la salud mental, hacia los trabajadores pobres explotados, la pobreza creciente de menores y jóvenes, la situación de injusticia global internacional que obliga a la pobreza a comunidades enteras, y tantos otros aspectos que configuran la tremenda red de maltrato institucional, con su interrelación con el maltrato social y de nuestras propias colaboraciones en ella, hacia la pobreza.

Violencia estructural y noviolencia

Como ya dije en un anterior artículo en este blog,« «la pobreza, violencia estructural y política«, para una apuesta de compromiso por la noviolencia, contemplar la pobreza desde el punto de vista de la violencia resulta hoy más urgente que nunca, pues no resulta comprensible una apuesta noviolenta que obvia la gran violencia invisible de la pobreza y que no lucha de forma intensa contra esa especie de leitmotiv que supone la violencia rectora y las diversas violencias invisibles que perpetúan y petrifican el actual orden global de injusticia, de la que la pobreza y el maltrato a las personas empobrecidas son una parte de la gran masa sumergida y oculta del iceberg violento inserto en el orden legal y social.

Tendemos a considerar la noviolencia como una estrategia de lucha social o política con especial eficacia para abordar conflictos armados y violentos, tales como invasiones, golpes de estado, dictaduras y regímenes autoritarios, guerras, etcétera. Es así como hemos concentrado una parte del esfuerzo en desarrollar análisis y estudios referidos a casos y éxito de las movilizaciones noviolentas y de la desobediencia civil en este tipo de conflictos o, también, en teorizar y ensayar en la práctica la desobediencia civil en luchas por los derechos civiles.

No falta, y está suficientemente desarrollada, otra derivación de la noviolencia hacia la resolución alternativa de conflictos y la mediación y la aplicación, cada vez más en valor, en la reconstrucción de comunidades rotas. Actualmente la noviolencia inspira también luchas de ámbitos ecológicos, vecinales, de vivienda, sindicales, feministas, antirracistas y otros muchos.

Actuaciones noviolentas han acompañado la lucha de diversos colectivos atravesados por la pobreza. En mi memoria aparecen ocupaciones de plenos municipales, cortes de carreteras nacionales, y ayunos en reivindicación de vida digna para chabolistas gitanos de Móstoles en los años 90, performaces por Madrid disfrazados de mendigos para visibilizar la pobreza en la cuidad, bloqueos y tapices en instituciones contra el abuso bancario, resistencias a desalojos, organización de asociaciones vecinales con comida en las famosas colas del hambre que desafiaron el catastrofismo y el enclaustramiento en la pandemia, ocupación de la bolsa en el día de lucha contra la pobreza y otros cientos de actuaciones similares que han servido bien para conseguir logros concretos, bien para la autoorganización de los cuidados frente al abandono institucional y en confinamiento, bien para visibilizar el conflicto invisibilizado de la pobreza.

Sin embargo, la vinculación de la noviolencia y de la estrategia de lucha noviolenta con la lucha contra la pobreza, salvo en aspectos más colaterales, no forma parte del repertorio explícito de las organizaciones de lucha contra la pobreza y, al menos que yo conozca, no existe una clara conexión, fuera del activismo personal de algunas personas procedentes de la inspiración noviolenta, entre organizaciones de articulación noviolenta y de lucha contra la pobreza.

Sin embargo, a mi parecer, la lucha contra la pobreza, al margen de ofrecer particularidades que desafían a la reflexión sobre medios de lucha noviolentos aplicados a esta, aparece como un campo de especial relevancia, pues la pobreza es en realidad una de las mayores concentraciones de la interrelación de las violencias directa, estructural, cultural y sinérgica en nuestra sociedad y tal vez un nudo gordiano en la lucha contra la violencia rectora.

Es por eso por lo que comprometernos en la lucha contra la pobreza desde una perspectiva de lucha noviolenta puede resultar tan decisivo y enriquecedor tanto a la causa de la lucha contra la pobreza como para la propia visión noviolenta de la transformación social.

¿Qué nos puede aportar la implicación en la lucha contra la pobreza?

Aunque se trata de una lista no exhaustiva, creo que la relación con las personas pobres y con sus luchas nos puede ofrecer un enriquecimiento de la práctica, siempre en construcción, de la noviolencia.

En Concreto, se me ocurren algunos aspectos:

• Las personas y familias empobrecidas cuentan con una gran resistencia personal hacia las adversidades, han desarrollado verdaderas estrategias de resiliencia y hasta de solidaridad informal que pueden ser de un enriquecimiento importante para la idea de resiliencia y resistencia propias de la visión noviolenta.
• La pregunta «¿qué hay que defender?» puede rellenarse de contenido incorporando a la misma los sueños, deseos, esperanzas y aspiraciones de las personas empobrecidas y haciéndolas entrar en un diálogo con las otras respuestas a la pregunta sobre qué hemos de defender y quienes son los adversarios.
• Las personas empobrecidas cuentan con riqueza personal, con habilidades propias y con potencialidades que pueden ser puestas en común con las de los demás activismos y campos de lucha. Reconocer una actoría minorizada e invisibilizada y apreciar sus capacidades y potencialidades para una lucha global puede servirnos para superar la despectiva visión de los pobres como lumpenproletariado al servicio del poder y para incorporarlos a los potenciales sujetos de la transformación, particularmente porque una transformación sin las masas empobrecidas o que no suponga la superación de la pobreza y las violencias que incorpora sería sencillamente poco revolucionaria.
• La politización de la lucha contra la pobreza puede ofrecernos un mejor horizonte de los diferentes espacios y esferas en las que hay que quitar poder al paradigma dominación-violencia y dotar simultáneamente de contenido al paradigma cooperación-noviolencia
• La lucha por la dignidad no es una lucha por una abstracción, ni es verdad que todos y todas “tenemos” positivamente igual dignidad. Más bien la igual dignidad hay que conquistarla y solo ocurre cuando la adquieren quienes ahora son invisibilizados y invisibilizadas, minorizadas, excliuidas y negadas.
• No hay justicia si no hay igualdad y si hay pobreza. Si la noviolencia no se siente concernida por la existencia escandalosa de la pobreza no deja de ser una negación de sí misma.
• La gente empobrecida también lucha y tiene luchas propias. Reconocer la lucha sorda de construcción de comunidades rotas y aprender de ella y con ella también ofrece contenidos a la lucha noviolenta.
• Para quienes tengan una inspiración más personalista y holística de la noviolencia, el encuentro con los pobres y el compromiso con su causa puede ser de un enriquecimiento personal apabullante
  
  

¿Qué podemos aportar a la lucha contra la pobreza?

Del mismo modo, aunque sea de manera desordenada, se me ocurre que la coordinación con las luchas contra la pobreza permite una aportación que puede enriquecerla.

• La experiencia noviolenta ha acumulado una amplia experiencia en construcción para la transformación social. Incorporar este activo de prácticas y metodologías a la lucha contra la pobreza puede radicalizar ésta haciendo aflorar socialmente el conflicto irresuelto y escandaloso que supone y la necesidad de cambios desde la visión pública de gestión de la pobreza a la visión social de lucha para su erradicación.
• La práctica noviolenta cuenta con unas metodologías estratégicas y de construcción de empoderamiento grupal, así como con una amplia caja de herramientas de lucha que pueden servir para mejorar las campañas de acción política de las organizaciones sociales de lucha contra la pobreza y para las redes de ayuda mutua de las personas empobrecidas.
• Aportar a una planificación no asistencialista ni paternalista para politizar en términos de conflicto político la lucha contra la pobreza.
• Podemos aportar la visión de la importancia de la actuación en conciencia y la práctica de la acción directa y no delegada ni entregada a tribunos ni vanguardias de cualquier causa en el cambio social y político.
• Podemos aportar el empuje y la experiencia de activistas comprometidos más a allá de las modas.
  
  

Jornadas de lucha contra la pobreza

En todo caso, qué bueno sería sumarnos a las acciones de lucha contra la pobreza que se desarrollarán en torno al 17 de octubre o promover otras iniciativas que sirvan para visibilizar la causa de la lucha contra la pobreza y para mostrar de qué lado estamos en la misma. Oportunidades no van a faltar.

Nota de Alternativas: (https://www.accem.es/claves-del-14o-informe-estado-la-pobreza-2024-la-eapn/) Alrededor de 9,7 millones de personas viven en pobreza, con ingresos inferiores a 10.989 € anuales por unidad de consumo (916 € al mes). La carencia material y social severa se incrementa notablemente hasta el 9 % de la población, esto es a 4,3 millones de personas. (https://www.eapn.es/ARCHIVO/documentos/documentos/1709115342_el-estado-de-la-pobreza.-primer-avance-resultados-febrero-2024.pdf)

Foto de portada: eapnextremadura.org