kaosenlared.net. Varias organizaciones.- Los movimientos en defensa de los suministros básicos exigen cambios estructurales que vayan más allá de las prórrogas del “escudo social” o de medidas ligadas al bono social eléctrico.

Al inicio de la pandemia del Covid en marzo de 2020, el Gobierno adoptó una serie de medidas extraordinarias y con carácter temporal para limitar sus impactos económicos y sociales, especialmente entre los sectores más vulnerables y en riesgo de exclusión; la moratoria de cortes de suministros básicos de agua, luz y gas fue una de las medidas que caracterizaron el escudo social que entonces se configuró. Esta moratoria ha sido prorrogada en varias ocasiones, siempre in extremis, lo que alimenta un clima de incertidumbre para una de cada cuatro personas en España, población que actualmente se encuentra en situación de exclusión social según el Informe FOESSA 2021.

El próximo 31 de diciembre finaliza la vigencia de la moratoria de cortes de suministros y, a fecha de hoy, el Gobierno no ha hecho pública su intención de prorrogar esta medida. Teniendo en cuenta que la situación de crisis energética sigue azotando a los hogares especialmente vulnerabilizados, es imprescindible que esta moratoria se mantenga mientras no se tomen medidas estructurales y permanentes.

Ante esta situación de inseguridad, las organizaciones sociales y colectivos ciudadanos que luchamos por garantizar el acceso a los servicios esenciales a toda la población reiteramos al presidente Pedro Sánchez y a la ministra Teresa Ribera nuestras preocupaciones y demandas.

• En primer lugar, ponemos en evidencia con preocupación que el Gobierno no haya abordado todavía la resolución de la deuda contraída por las familias con las compañías suministradoras durante la moratoria de cortes. En el difícil y largo proceso de recuperación, no se les puede añadir a las familias la angustia de una deuda que se incrementa mes a mes.
  
  
• Es importante también resaltar que la moratoria de cortes solo protege a familias beneficiarias del bono social o que cumplan los requisitos, dejando a muchas familias vulnerabilizadas fuera de su protección mientras no se adopte la ampliación a otros colectivos definidos en la nueva agenda europea del consumidor, se amplíe la definición de consumidor vulnerable y se automatice el procedimiento de acceso a estas medidas de protección. Por otra parte, ante el vencimiento de la moratoria de cortes y las insuficientes medidas adoptadas por el Gobierno, exigimos cambios estructurales en la actual normativa de protección de las familias vulnerabilizadas en materia de suministros básicos, y por tanto que se mantenga la moratoria mientras no se produzcan estos cambios.
  
  
• La consolidación del principio de precaución, que obligue a las empresas suministradoras a consultar a los Servicios Sociales sobre la situación del hogar antes de cualquier corte y a garantizar el suministro si se produce una situación de vulnerabilidad. La prohibición de cortes no debe estar sujeta a ningún plazo, porque no se trata de aplazar temporalmente, sino de dar una solución permanente.
  
  
• La incorporación del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento en la legislación de más alto nivel. Concreción en la normativa y reconocimiento por ley de un mínimo vital de agua para beber, cocinar e higiene básica, que garantice la vida y la salud de las personas.
  
  
• El reconocimiento de la figura del consumidor vulnerable, de tal modo que, entre otras cuestiones, comprenda los suministros básicos en una vivienda e incremente los límites de renta para responder a la realidad social actual. En este sentido, el Gobierno debe contemplar la implementación de una tarifa social progresiva en función de los ingresos de los hogares que garantice un mínimo vital de agua y energía.
  
  
• La asunción de los costes de la pobreza energética por parte de las empresas. Las facturas impagadas que se deriven de la aplicación del principio de precaución se deberán sufragar, de conformidad con un posterior desarrollo reglamentario, a través de un sistema de financiación participado al 100 % por las propias compañías de todos los segmentos implicados, sin que estás puedan repercutir en las facturas de las consumidores,
  
  
• La firma de convenios con las compañías suministradoras de energía para sufragar las facturas impagadas por familias vulnerabilizadas desde el inicio de la moratoria y hasta que no se implementen medidas definitivas.
  
  

Alianza contra la Pobreza Energética, Coordinadora de Vivienda de Madrid, Ecologistas en Acción, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Red Agua Pública, Socaire, Fundación Isadora Duncan, AEIOLuz, Asociación de Ciencias Ambientales, Ecoserveis, ECODES, Amigos de la Tierra, Fundación Renovables, Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería Energética en la Universitat Politècnica de València, CGT Confederación General del Trabajo y CECU Federación de consumidores y usuarios.

21 de diciembre de 2022