Raúl Zibechi Periodista.- La masiva presencia de militares en las calles de Rio de Janeiro durante los Juegos Olímpicos, es apenas un revelador de una tendencia mucho más profunda que atraviesa a la sociedad brasileña.

Según datos oficiales 68.000 agentes de seguridad custodian Rio de Janeiro, a razón de siete militares por atleta (participan 10.500 deportistas), además de 20.000 en otras ciudades, aeropuertos, fronteras y terminales de autobuses. La cifra total duplica la de las Olimpiadas de Londres aunque no alcanza a las de Beijiing 2008, donde hubo 110.000 militares movilizados. A esas cifras monstruosas hay que sumar 12 embarcaciones de gran tamaño, 50 medianas y pequeñas y 28 helicópteros.

Hace apenas una semana, la ONG Justicia Global difundió un importante informe titulado ‘Violaciones de los derechos humanos en la Ciudad Olímpica’, que es una guía sobre los daños que el evento provoca a los sectores populares de la ciudad (http://goo.gl/UE7tEI).

El informe de 44 páginas comienza destacando «el dolor de una ciudad entera, dolor gestado y vivido durante los años de preparación para ser sede del mayor evento deportivo del planeta». La ciudad se transformó en «un mostrador de negocios en beneficio de las grandes constructoras, de los contratistas, de las compañías de transporte, del capital privado», mientras para los sectores populares supuso «la profundización de los procesos de segregación socio-espacial, de control y privatización del espacio público, de exterminio de la población negra y pobre».

Para hacer posibles las obras de los Juegos (ampliación de aeropuertos y puertos, autopistas y vías de transporte rápido) fueron desalojados 77.000 personas, siendo «la mayor política de remociones forzadas de la historia de la ciudad». A lo que debe sumarse las políticas de control urbano que implican la represión y expulsión de vendedores ambulantes, «el traslado forzado de personas en situación de calle, el encarcelamiento en masa y el uso de efectivos de las fuerzas armadas en favelas y periferias».

Desde el punto de vista urbanístico, la Villa Olímpica y los gastos millonarios hechos por el Estado, modificaron la estructura urbana de la ciudad: de su anterior centralidad en torno a la Bahía de Guanabara y al puerto, hacia la Barra da Tijuca, un barrio de la zona oeste, privilegiado y costero donde se vive un feroz proceso de especulación inmobiliaria y expulsión de la población pobre. Algunas favelas como Metró Mangueira en las proximidades del estadio de Maracaná, fueron completamente removidas con la excusa de construir un parking.

El caso más emblemático es el de Vila Autódromo, una comunidad de pescadores nacida en la década de 1969 en la zona donde se construyó el Villa Olímpica, sufrieron un brutal desalojo quedando apenas 20 familias de las 600 que habitaban el barrio. En el predio desalojado ya se levantó un hotel de cinco estrellas. Cuando finalicen los Juegos y se desmonte parte de la villa que alberga a los atletas, las principales constructoras e inmobiliarias levantarán emprendimientos lujosos con ganancias millonarias.

El 26 de julio cuatro organizaciones de derechos humanos (Justicia Global, Conectas, Artigo 19 e ISHR) denunciaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, las violaciones cometidas durante las obras para los Juegos Olímpicos y la actual militarización de la ciudad con el anuncio de la ocupación de seis favelas durante las competencias. En paralelo denunciaron la falta de transparencia en el gasto público, en especial en el área de movilidad urbana y la declaración por el gobernador de Rio del estado de calamidad pública, que llevó al gobierno federal a entregar casi mil millones de euros a gastar en las Olimpíadas, mientras realiza recortes en servicios públicos esenciales y en salarios por la grave crisis económica (http://goo.gl/pZxGnF).

En el estado de Rio de Janeiro de 2013 a 2016 los gastos dedicados a educación cayeron del 12 al 10%, mientras los gastos de seguridad pública crecieron del 10 al 15% del presupuesto, según el Instituto de Políticas Alternativas para el Cono Sur.

Por su parte, el Comité Popular de la Copa y las Olimpiadas de Rio, integrado por organizaciones populares en varias ciudades que ya albergaron en 2014 el Mundial de fútbol, convocó entre el 1 y el 5 de agosto Jornadas de Lucha Contra los Juegos de la Exclusión en el centro de la ciudad, con debates, talleres y acciones de calle. Denuncian la consolidación de «una ciudad segregada», donde la desigualdad crece constantemente (http://goo.gl/s4QrSU).

Pero lo que el gran público ignora –porque los medios se esmeran en ocultarlo– es que los Juegos Olímpicos (así como los campeonatos mundiales de fútbol) implican la aprobación de una legislación de excepción que restringe seriamente los derechos de las personas. El pasado 10 de mayo, mientras el país debatía el proceso contra Dilma Rousseff, la entonces presidenta sancionó la ley 13.263 conocida como “Ley de las Olimpiadas” que según sus críticos contradice la legislación vigente.

La ley prohíbe que en los locales oficiales se exhiban carteles con «mensajes ofensivos» o banderas «para otros fines que no sean la manifestación festiva y amigable». Dicho de otro modo, no se toleran protestas o movilizaciones en las cercanías de los locales de competición. La nueva norma va en la misma dirección que la Ley Antiterrorismo aprobada el año pasado, que restringe el derecho de manifestación y criminaliza a los movimientos sociales, considerados como objetos de intervención policial y de los servicios de seguridad.

Los Juegos pasan y la sociedad queda polarizada y militarizada. Así como las obras marcan un antes y un después, torciendo la trama urbana en beneficio de las grandes empresas y la especulación inmobiliaria, algo similar sucede con la presencia militar y policial. No es casualidad que apenas aprobada la realización del Mundial de fútbol en Brasil, haya comenzado una nueva política de seguridad urbana para controlar las favelas. En 2008 se implantó la primera Unidad de Policía Pacificadora (UPP) en la favela Santa María, pero esa política se intensificó a partir de 2010 cuando Rio fue elegida como sede las Olimpíadas.

Entre 2008 y marzo de 2014 se implantaron 38 UPPs, todas en favelas con la excusa de combatir el narcotráfico. Las UPP son una suerte de comisarías fortificadas que se proponen la ocupación militar del barrio y afectan muy poco el negocio de las drogas. El impacto mayor es en la población, que es vejada y humillada con controles racistas y sexistas. Cuando un grupo juvenil quiere hacer una fiesta en la favela, debe negociar la autorización con la UPP para regular el consumo de alcohol y limitar o impedir músicas como el funk, ya que los policías consideran que favorecen al narco.

En los hechos, en las favelas se aplican normas y leyes diferentes a las que se utilizan en la ciudad, porque en los barrios pobres funciona un estado de excepción permanente. Los Juegos no crearon este estado de excepción, pero lo consolidan y lo llevan, durante el tiempo que duran las competencias, a un extremo del que será difícil volver atrás. Por todo esto, la mitad de los brasileños se oponen a los Juegos Olímpicos y el 63% aseguran que les traerán más perjuicios que beneficios.

Publicado en http://www.naiz.eus