15-M Ronda. En pocas palabras.-Nunca antes una emergencia sanitaria había golpeado a tantos en tantos lugares y en tan poco espacio de tiempo. La COVID-19 ya ha afectado a más de 120 millones de personas en el mundo y ha provocado la muerte de más de 2.6 millones de seres humanos.
Las vacunas parecen ser las únicas barreras efectivas ante la pandemia. Sólo una inmunización mayoritaria de la población mundial podría poner freno a la creciente transmisión del coronavirus. Sin embargo, el Director General de la Organización Mundial de la Salud, el 18 de enero de este año, denunció que “más de 39 millones de dosis de la vacuna se han administrado a día de hoy en al menos 49 países de renta alta. Solo 25 dosis se han administrado en unos de los países considerados entre los más débiles…” Una vez más, los nacionalismos, las mezquindades, el poder avasallador de las transnacionales, el sálvese quien pueda, han prevalecido.
Las grandes potencias se aliaron desde el principio a las mayores corporaciones farmacéuticas para manejar convenientemente el hallazgo de una solución que les permitiera salir con ventaja de la crisis sanitaria y económica que abate al mundo. Los gobiernos proporcionaron al menos 8.600 millones de dólares para el desarrollo de las vacunas, según la empresa de análisis Airfinity. Los EE.UU., la UE y el Reino Unido invirtieron miles de millones en la vacuna de AstraZeneca, desarrollada por la Universidad de Oxford. Alemania invirtió 445 millones de dólares en la vacuna desarrollada por Pfizer. La vacuna de Moderna fue totalmente financiada y coproducida por el gobierno de Estados Unidos.
Sólo 3.400 millones de dólares han provenido de la propia inversión de las empresas farmacéuticas, parte de los cuales se han obtenido también de financiamiento externo.
La producción de vacunas, en particular, concentra en cuatro grandes firmas más del 80% del mercado, según datos de 2019: la británica GlaxoSmithKline, las estadounidenses Merck Sharp & Dohme y Pfizer, y la francesa Sanofi. Además, conservan la propiedad de las patentes, negocian al alza los precios con los Estados y restringen las posibles donaciones o reventas de las vacunas a los países en vías de desarrollo.
Las grandes empresas de los países desarrollados y las economías emergentes monopolizan la investigación, producción y distribución de medicamentos. Nueve de ellas están entre las cien compañías que más ingresos generan en todo el mundo. Casi la mitad de las ventas totales de sector proceden de China y EE.UU. Después se ubican Suiza, Japón, Alemania y Francia.
Si el sector farmacéutico fuera un país, se convertiría en una de las quince economías más ricas del planeta. En 2017, la industria generó un mercado de 1,8 billones de dólares (1,5 billones de euros) y concentró un 3,9% de la actividad productiva global, según el informe Top 100 Global Manufacturing Companies. Estas cifras superan el Producto Interior Bruto (PIB) nominal que registró España en el mismo ejercicio, de 1,16 billones de euros, según Naciones Unidas.
Escandalosa fue la noticia de la maniobra de la administración Trump en marzo de 2020. El periódico alemán WELT am Sonntag informó que la administración de Trump había ofrecido grandes sumas de dinero en efectivo a la empresa de biotecnología con sede en Alemania CureVac para garantizar los derechos para el trabajo de la vacuna, "pero solo para los Estados Unidos”. Washington se propuso desde el principio acaparar, además, la producción y distribución de las vacunas.
El 13% de la población mundial que habita en los países ricos ha comprado anticipadamente el 51% de la dosis según Oxfam Intermón. Garantizar la “igualdad de valor de las vidas” entre el Norte y el Sur, entre países del Norte y dentro de cada país, requeriría una profunda revisión de las reglas del mercado farmacéutico. La crisis actual es debida a las aberraciones del modelo económico dominante aplicado a este sector.
Convendría apoyar las numerosas iniciativas ciudadanas a favor de que la vacuna sea considerada bien público mundial. El artículo 31 de los Acuerdos sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual, que normalmente duran 30 años, permite su “derogación en situaciones de emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia o en caso de utilización pública sin fines comerciales”. Y todo esto “sin autorización del propietario de los derechos”.
