15-M SERRANÍA DE RONDA.- Mientras en el Estado español es escaso el conocimiento y el debate sobre la Unión Europea, el último Eurobarómetro, difundido por el Parlamento Europeo, evidencia que en España se desconocen que las elecciones europeas se celebran en mayo. El 54% de la ciudadanía española cree que su voz no cuenta en la UE; un 40% desconfía del sistema político y uno de cada tres piensa que la Eurocámara se ha debilitado. En todo caso, el 74% de las españolas y los españoles dice que votaría a favor de permanecer en la UE si hubiera un referéndum sobre ello. Pero, lo que se decida el 26 de mayo, próximo, marcara nuestro destino presente y futuro en los próximos cinco años.

El Observatorio Corporativo de Europa ha publicado un Informe “Gobiernos cautivos, los estados de la UE como canal para los intereses empresariales” centrándose en el déficit democrático, y afirma como demasiados estados miembros, en demasiadas materias, se dejan capturar, permitiendo a los intereses empresariales ejercer una influencia perversa en las decisiones que toman en cuestiones comunitarias. En lugar de velar por el interés general de la ciudadanía y del bien común de toda la UE, a menudo actúan como canales para los intereses privados.

Los grupos empresariales se aseguran con su intensa labor de presión (lobby) de que las leyes y políticas comunitarias les favorezcan, de modo que los intereses de un determinado sector o empresa se equiparan al interés general de esa nación. Un ejemplo extremo de esta relación privilegiada es Telefónica, gigante español de las telecomunicaciones.

Los grupos de presión más poderosos tienen un acceso incomparablemente mayor que ONGs y sindicatos al Consejo de la Unión Europea (que reúne a los ministros y otros funcionarios de los estados miembros para la elaboración de regulaciones y políticas), al Consejo Europeo (que reúne a los jefes de estado de los países de la UE para marcar la dirección de la UE), y a la  estructura de comités de la UE (que ofrece a los estados miembros la posibilidad de participar en el desarrollo técnico y científico de las regulaciones europeas).

Un ejemplo es el Comisario de Clima y Energía, Arias Cañete. Entre los grupos de presión con los que se ha reunido más a menudo están Iberdrola y Gas Natural Fenosa (Naturgy). De un total de 269 reuniones con empresariado de diciembre de 2014 a octubre de 2018, 100 fueron con grupos de presión españoles entre los que se encontraron Telefónica y Banco Santander.

Es llamativo cómo el Estado español se ha posicionado con respecto al sistema de ‘Solución de controversias entre inversores y estados’ (ISDS), un mecanismo que otorga el derecho a las empresas multinacionales a demandar a los gobiernos si éstas consideran que están obstaculizando sus beneficios económicos, a pesar de que el Estado español es ahora mismo el país de la Unión Europea que más demandas acumula ante tribunales de arbitraje (ISDS), lo que podría traducirse en la pérdida de miles de millones de euros de dinero público para la defensa legal y el pago de indemnizaciones a los inversores: desde fondos de inversión especulativos, a empresas públicas o grandes multinacionales. Si los inversores ganaran todas las demandas, el Estado español tendría que pagar más de 8.200 millones de euros de los presupuestos públicos.

Por otro lado, en un informe reciente publicado por el Foro Económico Mundial, se clasifican y ordenan los países del mundo según estén transformando mejor o peor su crecimiento económico en bienestar social. Entre los años 2012-2017, para España se concluyen dos cosas. Una que siendo un país en el que creció su economía muy por encima de la media de los 30 países más ricos del mundo aún se situaba en la posición 26ª en bienestar social o desarrollo inclusivo.

Y dos, lo que es aún más grave, España era de los treinta países considerados, aquél (junto con Grecia) en el que más se había deteriorado dicho bienestar social en los últimos cinco años.

La excesiva influencia de los intereses empresariales, junto a los complejos procesos de tomas de decisiones en la UE, la falta de transparencia y la ausencia de procesos que incluyan a la ciudadanía en las tomas de decisiones, se han combinado para crear un déficit de bienestar social. A menudo, cuando prevalecen los intereses empresariales, el interés público sale perdiendo. Es del todo indispensable limitar el poder político de las empresas multinacionales para que el interés público y los derechos humanos prevalezcan sobre los intereses privados.