15-M Ronda.- Según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) en España hay 5.457 centros que ofertan 381.158 plazas. El número de personas usuarias totales es de 276.924. Por sexos, el 70,4% son mujeres. Y, por edades, el 81,8% de los mayores alojados en una residencia tienen 80 o más años. De los 5.457 centros, 1.394 son de titularidad pública, independientemente de la gestión y 4.063 son de titularidad privada.

La media nacional arroja el siguiente saldo: el 74,4% de las residencias de personas mayores en España están en manos privadas, de modo que un alto porcentaje de los centros y plazas disponibles están en manos de empresas cuya prioridad es la cuenta de resultados. En las últimas seis semanas se han registrado más de 10.696 fallecimientos en residencias, provocada por la pandemia del coronavirus, según un recuento realizado por Europa Press.

La Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales advertía, basándose en datos del Imserso, de que la población mayor de 65 años en España había crecido en casi un millón de personas de 2010 a 2018 mientras las plazas en residencias solo habían aumentado en 12.353, hasta 381.158. Eso implica un déficit de unas 70.000 plazas para cumplir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de una ratio de cinco plazas por cada 100 personas mayores de 65.

La crisis/estafa de 2008, dejó la Ley de Dependencia a medio desarrollar. El Estado en teoría tenía que financiar la ley al 50%, pero en la práctica dejó a las autonomías el 70% o el 80%. Las autonomías adjudicaban concesiones y conciertos residenciales en un contexto de fuerte demanda por el envejecimiento de la población. ¿Qué ocurre con la ley de dependencia? Aumentan los recursos y las plazas. Y surge el interés de las grandes empresas, que son las que tienen la capacidad para construir infraestructuras y entrar en un mercado nuevo.

Los cientos de millones de euros de dinero público que cada año salen de las Administraciones en dirección a empresas privadas, a cambio de que cuiden en residencias a nuestros mayores, ¿en qué bolsillos terminan realmente?

Según el informe que ha realizado infoLibre, fondos de inversión, multimillonarios y algún empresario corrupto controlan los 13 mayores grupos de residencias en España. De las cinco principales compañías, todas con más de 45 geriátricos, dos tienen como principal accionista a fondos de Jersey (Vitalia Home y Colisée), una a un fondo inglés (DomusVi) y otra a un fondo de pensiones de Canadá (Orpea). En el negocio también están cinco de los hombres más ricos de España: Florentino Pérez, los 'Albertos' (Clece), Modesto Álvarez Otero y Carlos Álvarez Navarro (Ballesol). Y la quinta fortuna de Francia: la familia Mulliez (Amavir). Dos grupos están controlados por empresarios implicados en el caso Gürtel: el ya condenado Enrique Ortiz (Savia) y el doblemente procesado José Luis Ulibarri (Aralia)

Se está produciendo una concentración en el sector, así en 2005, un año antes de la aprobación de la Ley de atención a las personas en situación de dependencia por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, los cuatro principales grupos de residencias tenían en total 101 centros. Hoy, los cuatro grandes pertenecen a multinacionales y acumulan 297 (sólo residencias, sin contar otro tipo de alojamientos colectivos).

Un sector que aglutina a unas 180.000 trabajadoras y trabajadores, con sueldos incluso por debajo de los 1.000 euros, mientras, la sociedad matriz del grupo –Vitalia Plus SA– declaró unos beneficios antes de impuestos de 17,3 millones de euros, que se quedaron en 13,2 millones netos de ganancia tras el pago de tributos, en el año 2018.

Además, los propietarios del 80% del capital de la empresa de residencias Vitalia Home metieron casi 165 millones de euros en seis sociedades limitadas creadas en la isla de Jersey por el fondo de inversión británico.

Miguel Vázquez presidente de la Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores lamenta la desproporción entre la gestión pública y la privada de los centros en los que residen personas mayores. A su juicio, el Estado está haciendo "dejación de sus funciones" a través de las comunidades autónomas, que es en quienes recaen estas competencias, "No podemos dejar que la gestión de un derecho esté en manos de la privada. Es como poner a la zorra al cuidado del gallinero". Es preocupante que los intereses económicos privados prevalezcan sobre los de bienestar social de las personas más mayores, provocando miles de muertes.