Berri Otxoak.- Poco después de la publicación de la nueva ley de la RGI, se han sucedido las noticias que califican este nuevo documento como un avance respecto a la ley anterior.
Sin embargo, al leer la letra pequeña se puede comprobar que el recorte de entre el 20% y un tercio realizado en sus cuantías en el año 2012 no ha sido revertido y que las mismas se establecerán al albur de lo que crea conveniente el Gobierno Vasco de turno, retirando la aún vigente indexación de éstas al SMI, indexación del 100% en el caso de las familias pensionistas y del 88% para las restantes.
Según la legislación aún vigente, la cuantía de la RGI debería situarse en 1.167€ mensuales para las familias pensionistas o con personas dependientes a cargo y en 1.026€ mensuales para las familias restantes (ambas en 12 pagas), mientras que en la normativa recientemente publicada las sitúa en 934€ y 737€ respectivamente, lo que supone que las primeras perciban 233€ menos y las segundas 289€ menos cada mes; relleno extra de ansiedades, apuros y angustia vital tras derretirse la dulce y confortable cobertura de propaganda política.
Para aquellas personas y familias que viven de alquiler, no ya tan frecuentemente en pisos a su entera disposición como se estilaba años atrás, sino en meras habitaciones a desorbitados precios, se les ha añadido una nota aún más acre que lleva gestándose desde el 2012 con esta «dulce» y nueva normativa: “cuando en un mismo domicilio resida más de una unidad de convivencia, sea beneficiaria o no de la RGI, la cuantía se recortará aplicando un índice corrector a la baja del 15%”.
A este coeficiente reductor habría que añadirle el recorte realizado en 2012 a las cuantías de las ayudas al alquiler, que pasaron de ser de 320€ a los 275€ mensuales con esta nueva normativa, pese a que el precio del alquiler de una simple habitación en la comarca del Gran Bilbao pueda doblar actualmente el importe de dichas prestaciones.
El azote de la pandemia, la desregulación del mercado inmobiliario, la inflación, agravada aún más debido a la guerra en Ucrania han inflado la propia “Encuesta de Pobreza y Desigualdades del Gobierno Vasco”, que señala que un 19,9% de la población (432.219 personas) manifiesta una situación de pobreza, un 8% (174.176 personas) está en riesgo de pobreza, el 5,6% (121.502 personas) se encuentra en situación de pobreza grave y que 2.200 personas (posiblemente, muchas más) viven en la calle, sin olvidar que 3 de ellas han muerto en estas circunstancias durante estos últimos dos meses en el Gran Bilbao.
Ese mismo Gobierno Vasco que no quiere responsabilizarse de sus propios datos también señala que la pobreza infantil crece un punto y medio en los dos últimos años hasta alcanzar a un 11,7% de la población menor de 14 años, habiendo 92.000 niños y niñas en la CAV en peligro de pobreza, principalmente en hogares encabezados por mujeres.
En lo que respecta a sus promesas de protección a la infancia y a la mujer, el Gobierno Vasco sigue dejando claro que las personas más desfavorecidas de estos grupos quedan fuera de su compromiso, pues mantiene la vigencia de la instrucción interna JAR-DBE-023, dirigida a aquellas familias monomarentales perceptoras de la RGI que fruto de una carencia de ingresos agudizada por una separación, divorcio o desahucio se ven obligadas a residir con sus familiares; antes de 2012 la limitación de tiempo para formar una unidad de convivencia diferenciada de los parientes de acogida era la mayoría de edad del menor. Actualmente está limitada a los 2 años de edad del menor y con la nueva ley solo se ha ampliado hasta los 3 años.
Resulta ya difícil creerse el relato conformista y aplacador del «no hay dinero» o «no se puede» para justificar esta nueva ley cuando el Gobierno Vasco se ahorrará 188 millones de euros de las cuantías de la RGI al gestionar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y según su memoria económica, dicha reforma de la RGI le supondrá sólo un coste de 42 millones. No tiene reparo en demostrar que tiene otras prioridades más importantes que invertir ese monto restante de 146 millones de euros en ampliar derechos sociales.
Por si fuera poco que en sus 33 años de historia la RGI deje sin ingresos de ningún tipo a casi la mitad de la población en riesgo de exclusión social cada año y que las personas perceptoras (67.306 en 2020) no consigan salir de la pobreza, los recortes contemplados en esta nueva ley van a repercutir de forma directa en las 727.897 personas -un tercio de residentes en la CAPV- que tiene serias dificultades para llegar a fin de mes.
Una pobreza que no se ve, no se quiere ver, ni tampoco mostrar, so pena de culpabilizar y criminalizar a quienes la padecen, tal y como continúa haciendo este nuevo documento al insistir en el empleo de sistemas biométricos como la huella dactilar y el reconocimiento facial, los cuales han sido cuestionados por la “Agencia Española de Protección de Datos” a raíz de que varias personas usuarias de las oficinas de Lanbide del barrio barakaldés de Cruces denunciaran su aplicación.
Una pobreza que convierte a quien la padece automáticamente en sospechoso de fraude sin derecho a la presunción de inocencia al incentivar esta ley que el personal de Lanbide pueda “acceder al domicilio de las personas titulares de las prestaciones”, obviando que el fraude en la percepción de éstas es inferior al 0,5%.
El Gobierno Vasco con esta ley tampoco tiene intención de reducir la brecha digital o de poner todos los medios a su alcance para garantizar la atención presencial a las familias perceptoras que lo necesiten al demandar que la tramitación de la RGI sea por medios electrónicos: “Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sustanciará por medios electrónicos los procedimientos”, así como también las comunicaciones y notificaciones: “a través de correo electrónico, del canal telefónico, ya sea fijo, móvil o por internet”.
Solo cabe concluir que la actual reforma de la RGI se hace a espaldas de las personas y familias más vulnerables y precarizadas, empobreciendo aún más a quienes menos tienen. Todas estas píldoras son veneno insípido que se ofrece a la ciudadanía entre discursos triunfalistas, consolidando el cada vez más desigual reparto de los recursos que padecen como un castigo aquellas personas que, una vez probado el caramelo, irónicamente ya nadie quiere escuchar. ¿Hasta cuándo?
No a esta reforma de la RGI. Protesta contra los recortes recogidos en la nueva reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI)
La plataforma contra la exclusión social y por los derechos sociales se ha concentrado en Barakaldo, ante la oficina de Lanbide en el barrio de Beurko, en denuncia de los recortes recogidos en la nueva propuesta de reforma de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).
El nuevo borrador para reformar la ley de la RGI pretende recortar aún más los ingresos del colectivo de personas solas, pensionistas y del de las familias con menores a cargo.
En concreto, el documento oficial mantiene entre el 20% y un tercio de los recortes aplicados desde el año 2012 a las cuantías de la RGI Asimismo, se retira la actual indexación de la cuantía de la prestación al 100% del SMI para la personas pensionistas y al 88% para el resto de unidades de convivencia. La cuantía se establecerá sin ningún criterio claro, al albur de lo que crea conveniente el Gobierno Vasco de turno.
Según la actual legislación, la RGI debería situarse en 1.026€ mensuales (en 12 pagas); sin embargo, esta nueva normativa la sitúa en 737 euros, lo que supone dejar de percibir 289€ mensuales. Las familias pensionistas, o con personas dependientes verán recortados sus derechos y cuantías de las prestaciones que les corresponden por la actual normativa, en 233€ mensuales. En concreto, el complemento de pensiones que gestiona Lanbide debía ser según la actual regulación de 1.167€ (en 12 pagas) y se establecerá según el nuevo proyecto en 934 euros mensuales.
Ratifica uno de los principales recortes introducidos en el año 2012: se penaliza a las personas que comparten pisos de alquiler: “cuando en un mismo domicilio resida más de una unidad de convivencia, sea beneficiaria o no de la RGI, la cuantía se recortará aplicando un índice corrector a la baja del 15%”. Castigando, de este modo, a las personas y familias más vulnerables y precarias que son las que se ven obligadas a compartir piso.
El proyecto de reforma de la RGI conserva los recortes a las ayudas al alquiler: de los 320 euros del 2011 con la nueva redacción serán 275 euros mensuales. Cuantía que no cubre ni el precio medio de una habitación en alquiler.
Además este texto de reforma de la RGI mantiene el último recorte realizado por Lanbide a la familias monomarentales perceptoras de la RGÍ a través de su Instrucción interna JAR-DBE-023, que imposibilita su independencia económica si son acogidas por sus familiares producto de una separación, divorcio o desahucio y si sus menores superan una determinada edad, que con la nueva redacción serán los 3 años.
Se continúa en la senda de la criminalización de la pobreza. El anteproyecto de ley insiste en el empleo de sistemas biométricos, como la huella dactilar y reconocimiento facial. Hecho cuestionado por la “Agencia Española de Protección de Datos” a raíz de la denuncia de varias personas usuarias de las oficinas del Lanbide del barrio barakaldés de Cruces.
Se estigmatiza a las familias usuarias como proclives al “fraude”, cuando este es irrelevante: no llegando ni al 05% de todas las prestaciones gestionadas. Es más, se llega a escribir que personal de Lanbide podrá “acceder al domicilio de las personas titulares de las prestaciones”.
El Gobierno Vasco ahonda en la brecha digital al demandar que la tramitación a la RGÍ sea por medios electrónicos: “Lanbide-Servicio Vasco de Empleo sustanciará por medios electrónicos los procedimientos” y las comunicaciones y notificaciones serán, también, por medios electrónicos: “a través de correo electrónico, del canal telefónico, ya sea fijo, móvil o por internet”.
Según la memoria económica esta reforma de la RGÍ supondrá un coste de 42 millones de euros. El ahorro del Gobierno Vasco a cuenta de la gestión del IMV será de 188 millones de euros. El Gobierno Vasco recorta el sistema de garantía de ingresos cuando se va a “ahorrar”, como mínimo, 146 millones de euros. Esto es: existen recursos para revertir los recortes aplicados durante la última década y ampliar los derechos sociales
En el actual contexto de reforma de la actual RGI cabe recordar que en sus 33 años de historia ha sido incapaz de proteger a todas las personas en riesgo de pobreza y exclusión, ya que cada año, aproximadamente, un tercio de la población en riesgo de exclusión social no accede al sistema de garantía de ingresos: 54.197 personas en 2020; y las personas que acceden a la RGI no sale de la pobreza: 67.306 personas en 2020.
Esta reforma de la RGI se realiza cuando las situaciones de pobreza se han visto agravadas por el actual contexto bélico y estos años de pandemia y crisis social. Cabe destacar que los recortes recogidos en esta nueva propuesta de reforma de la RGlI repercuten de forma directa en las 727.897 personas -un tercio de residentes en la CAPV-, que tiene serias dificultades para llegar a fin de mes: en concreto, la “Encuesta de Pobreza y Desigualdades del Gobierno Vasco”, señala que un 199% de la población (432.219 personas) manifiesta una situación de pobreza; un 8% (174.176 personas) está en riesgo de pobreza; y el 56% (121.502 personas) se encuentra en situación de pobreza real.
Asimismo, el Gobierno Vasco señala que la pobreza infantil crece un punto y medio en los dos últimos años hasta alcanzar a un 11,7% de la población menor de 14 años: 92 000 niños y niñas en la CAV están en peligro de pobreza, principalmente en hogares encabezados por mujeres.
Según la realidad que corroboran estos datos, solo cabe concluir que “la actual reforma de la RGI se hace a espaldas de las personas y familias más vulnerables y precarizadas, empobreciendo aún más a quienes menos tienen”.
Barakaldo, lunes 16 de mayo de 2022
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