El Estado Español no aparece en los mapas del hambre. El norte civilizado refleja conjuntamente “América del Norte y Europa” en las estadísticas mundiales del informe SOFI con las que anualmente la FAO recuenta las millones de personas que no se alimentan adecuadamente. Sus cifras, en relación a las de África o Asia son infinitamente menores, por lo que no son países a destacar en la lucha contra el hambre y la malnutrición. Esto es porque, tal y como justifica la propia FAO, son países que cuentan ya con sistemas sociales que pueden garantizar un acceso a los alimentos. Se considera que en esos países existe la llamada “seguridad alimentaria” por lo que no es necesario llamar la atención sobre ellos.

Mientras esto es así, el Estado se felicita por haber recogido 21 millones de kg de productos no perecederos en la gran recogida solidaria llevada a cabo por los bancos de alimentos. ¿Van para Somalia? ¿Etiopía? ¿Nigeria? No. Van para los barrios periféricos de muchas de nuestras ciudades, para familias que no tienen con qué alimentarse aunque no forman parte de las estadísticas globales y tampoco de los imaginarios locales. 21 millones de kg de productos sirven para llenar titulares y felicitar al país por su solidaridad. Esto sí que es mirar al dedo en lugar de hacia dónde apunta. ¿Felicidades por qué? Según los datos del INE un 22,1% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza y al parecer, el llevarse un plato de comida a la boca depende de la buena voluntad de la ciudadanía, en lugar de los responsables políticos. El derecho humano a la alimentación está fuera de nuestros lenguajes. La gran solidaridad y el espíritu navideño sirve de cortina que oculta lo que supone el que un país cuente con ayuda alimentaria y que esta dependa de voluntad y caridad cristiana.

Como todo gran tema, este tiene varias aristas. La primera, ya mencionada, sería ¿dónde queda el derecho humano a la alimentación? Está reconocido y firmado por el Estado Español, quien es responsable de garantizar su consecución. Aunque sabemos que los derechos humanos cada vez están menos de moda en este país, no está de más resaltar este hecho. Esta responsabilidad se cubre hoy en día asumiendo un 15% de cofinanciación en los planes europeos de ayuda alimentaria y gestionando las licitaciones de los productos comestibles que llegan a través de este canal. El objetivo principal debería ser alimentar a las personas, pero esto se ha reducido a cubrir urgencias y llenar estómagos con productos no perecederos olvidando que los productos frescos son fundamentales para una nutrición adecuada, máxime en el caso de personas que difícilmente cuentan con más de una comida decente al día, en el mejor de los casos.  Pero en este país los derechos de la ciudadanía han sido sustituidos por los derechos de las consumidoras y consumidoras son quienes tienen un ticket de compra. Si no eres consumidora, no tienes derecho a quejarte. Esto se da en todas las esferas de la ayuda alimentaria. El banco de alimentos reparte lo que tiene y los servicios sociales reparten tarjetas y bonos de compra para grandes cadenas de supermercados, marcando los productos que sí y los que no se pueden adquirir. Las personas que perciben estas ayudas están absolutamente excluidas de la esfera de derechos, incluido el derecho a la alimentación y el derecho a la queja. Como dice el dicho “tanto tienes, tanto vales” y los derechos hoy en día se han convertido en un lujo para quienes valen poco en esta sociedad.

Otra arista a considerar es a quién alimentan principalmente estas campañas de recogida de alimentos. Esas licitaciones, tramitadas desde el Estado Español, benefician a grandes empresas que, a través de la ayuda alimentaria, canalizan sus excedentes. Las campañas “generosas” de las grandes superficies no están exentas de beneficios, ya que sus donaciones cuentan con cuantiosos descuentos en su cuenta de impuestos anuales. Por lo tanto, parece que mucha gente gana y son siempre las mismas las que pierden. La gran superficie, además de lo que vende gracias a la conciencia y generosidad de las ciudadanas que creen que con esa donación contribuyen a solucionar algún problema, consigue importantes descuentos en sus impuestos además de un lavado de imagen solidaria difícil de conseguir con otra campaña publicitaria. Y mientras tanto, los medios de comunicación corean y felicitan el gran espíritu solidario que reina en el país por Navidad.

La cuestión es que hoy en día esa ayuda alimentaria es caridad. El derecho humano a la alimentación no se respeta en un país que se dice “civilizado” y en el que hay muchas personas que pasan hambre todos los días. Por si esto fuera poco, la comida a la que tienen más acceso no es la más saludable. Mientras las tiendas de productos ecológicos y los mercados de productoras (reducidos a folklore en algunos ayuntamientos) se van al centro de las ciudades, los supermercados con grandes descuentos se van a la periferia. Allí destruyen el pequeño comercio, el que todavía fía a quien no puede pagar en el momento, sustituyéndolo por ofertas y descuentos en productos que apenas hay que cocinar y que, a través de las marcas, alimentan en las más excluidas la sensación de ser ciudadana del mundo. Estos productos tienen pocos nutrientes, pero para alguien que tiene que medir los minutos de energía que puede emplear en cocinar, resuelven su necesidad inmediata. Hoy en día, los principales índices de obesidad infantil y diabetes están en niños y niñas con menos recursos, ya que llenan sus estómagos de azúcares y grasas provenientes de productos comestibles pero no nutritivos.  A pesar de ello, las que peor alimentadas están siguen siendo las mujeres. Sobre ellas siguen recayendo la responsabilidad de la alimentación en los hogares, fruto de una desigual división de papeles en la que les tocan los cuidados, incluida la alimentación. Por ello, por esa responsabilidad y la angustia de no poder llegar a cumplir la función asignada de alimentar bien a la familia, son las últimas que comen, si lo hacen, y las que cargan con el principal sentimiento de culpa de ver a sus seres queridos mal alimentados.

En esta situación es importante señalar que, aunque con menos escaparate mediático, existen otros canales de acceso a alimentos para las personas con menos recursos. Cada vez más, seguramente por padecer diariamente esta falta de derechos, las personas “excluidas” se están organizando para poder producir sus propios alimentos. Bien en huertos urbanos o bien recurriendo a redes con el medio rural, han visto que la solución pasa por el colectivo y por volver a mirar a la tierra. Las políticas públicas no las tienen en cuenta y, por qué no decirlo, muchos movimientos sociales que trabajan en torno a la alimentación las miran poco. Han decidido que, al no ser la prioridad de nadie, deben priorizarse ellas mismas. Han entendido que la caridad no es la forma y han incorporado la soberanía alimentaria entre sus objetivos. Alimentarse y nutrirse con productos frescos, sanos y diversos no debe ser un lujo, sino algo prioritario y accesible para toda la sociedad, en definitiva, un derecho. Las fórmulas para su consecución han de priorizar los derechos y necesidades de las personas, no el ánimo de lucro ni la necesidad de canalización de excedentes de las grandes empresas. Encontrar fórmulas colectivas entre el medio rural y urbano para lograr la consecución del derecho a la alimentación de las personas con menos recursos, es un paso imprescindible y hoy todavía ausente para quienes construimos desde la agroecología y  hacia la soberanía alimentaria. Faltan fórmulas que consigan llegar a hacer partícipes a las personas con menos recursos de muchas de las iniciativas que se han puesto en marcha en los últimos años en el mundo agroecológico. Salvo excepciones, pocas personas de barrios periféricos participan en grupos de consumo, cooperativas agroecológicas o redes por la soberanía alimentaria. Los productos ecológicos, en muchos casos, se convierten en reclamo en tiendas delicatesen, inaccesibles para el común de los mortales y nunca forman parte de la ayuda alimentaria. Por todo ello, es necesario revisar desde arriba, mirando las políticas públicas, hasta abajo, en los movimientos sociales, cómo y quién se alimenta en esta sociedad y, sobre todo, quiénes no pueden llegar a hacerlo.