En Pocas Palabras. 15-M SERRANÍA DE RONDA.- El estudio de la Fundación FOESSA de Cáritas sobre Ingresos Mínimos a percibir en España, concluye así: cobertura limitada, alta desigualdad territorial y baja intensidad protectora, a pesar del alto grado de respaldo social, donde un 88,1%3 de la población de España cree que quienes reciben ayudas sociales lo hace porque las necesitan para vivir.

Un 47,3% piensa que las administraciones públicas deberían desarrollar políticas de garantía de rentas para todo el mundo, y en un 49,7% solo para quienes lo necesiten. En suma, son necesarias, pero en el estado actual son insuficientes. Redondeando, mientras que para el Ingreso Mínimo Vital se destina 1.500 millones €, para ayudas a las empresas de automóviles 5.000 millones €, para el rescate de autopista 2.000 millones €, para la Iglesia Católica 11.000 millones €, para Defensa 20.000 millones €, y para el rescate bancario 60.000 millones €.

El Ingreso Mínimo Vital se define como una prestación no contributiva de la Seguridad Social que garantiza unos ingresos mínimos a quienes carecen de ellos. Se define como un derecho subjetivo de la ciudadanía, se recibirá siempre que se cumplan los requisitos de acceso. La renta garantizada será de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola. Cuando se trata de una unidad de convivencia esta cantidad se incrementará en 139 euros al mes por cada persona adicional, adulta o menor, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Además, para las familias monoparentales, se añade un complemento de 100 €.

Para el Ministerio de Derechos Sociales, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital supone el mayor avance en los derechos sociales en nuestro país desde, al menos, la aprobación de la Ley de Dependencia. Esta medida es una victoria de la gente. Pero no solo constituye un avance clave nacional, sino que hace de España un referente en materia de justicia social.

El Ingreso Mínimo Vital debe considerarse un nuevo derecho ciudadano que asegura una red última de seguridad para todos y todas. Esta medida garantizará que todos y todas las ciudadanas de nuestro país cuenten con un mínimo de ingresos que les permita vivir dignamente. Por ello no es una prestación con duración excepcional, sino, todo lo contrario, tendrá un carácter indefinido.

Pero la realidad de la calle es otra, al menos para 700.000 personas o familias, el problema no era tanto con quiénes compartían la mesa navideña o si saldrían a comprar regalos para los Reyes Magos. Su inquietud es distinta y bien urgente. ¿Qué comerán dentro de un mes?, ¿qué podrán poner sobre la mesa? ¿Cómo se alimentarán mañana mismo? Se trata de quienes presentaron su solicitud para recibir el Ingreso Mínimo Vital y aún no han visto resuelto su expediente. Y eso, a pesar de que son ya varios los ajustes que el gobierno ha hecho de su medida de protección social estrella para agilizar los trámites.

El Ingreso Mínimo Vital pretendía cubrir 850.000 hogares. Al medio año de su aprobación han habido 837.000 solicitudes y solo se han aprobado un 1.5% del total. “La gente está desesperada, porque es como una tomadura de pelo”. “La gente está en otras cosas, dicen, ‘es que es fin de mes’, ‘es que me desahucian’, mucha gente esperaba el pago de las prestaciones atrasadas para pagar deudas y ahora se dan cuenta de que los atrasos los están dando a razón de 200€ al mes, entonces la gente piensa que al final no va a pagar deudas, no va a poder pagar nada”. “La gente dice: ‘si estos eran los que se iban a preocupar de nosotros...’ Si tu abandonas a la gente al final la gente te abandona”.

A las dificultades para entregar la solicitud de forma telemática, se le suman las largas colas para ser atendidos en persona, todo ello “gracias a la complejidad del formulario de solicitud, los documentos exigidos para su solicitud y la brecha digital para las personas que más lo necesitan”, dice en un comunicado la Marea Básica contra la Precariedad y el Paro.

Casi 4,3 millones de personas están en situación de pobreza severa en el Estado español, de los que el 40 % tiene menos de 30 años, y solo el 16 % del total recibe algún tipo de prestación por parte de las administraciones públicas, con muchas diferencias entre las distintas comunidades autónomas.

El Ingreso Mínimo Vital no es desde luego una renta ni básica, ni universal. Sólo la autogestión y la colectivización de los medios de producción pueden acabar con este sistema estatista y de poder que destruye nuestro planeta y ahoga nuestros sueños. Sólo el pueblo salva al pueblo.