En pocas palabras. 15-M Ronda.- Tras 25 convocatorias de cumbres climáticas, el descenso de las emisiones no llega. España lleva años emitiendo Gas de Efecto Invernadero por encima del límite establecido.

En virtud de la Decisión 2002/358/CE sobre el reparto comunitario de esfuerzos para el cumplimiento del Protocolo de Kioto, a nuestro país se le permitió incrementar sus emisiones en un 15% respecto a las de 1990 en el periodo 2008-2012, en lugar de tener que reducirlas como la mayoría de Estados de la Unión Europea. Lejos de respetar este límite, España incrementó sus emisiones hasta en un 22,8% durante ese tiempo, alcanzando un 51% en 2006, y hasta un 54% en 2007. Una realidad que impulsó a Ecologista en Acción, Juventud por el Clima, Greenpeace, la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo y Oxfam Intermón para presentar una demanda climática contra el Gobierno de España.

En un contexto de crisis sanitaria y socioeconómica sin precedentes, prevenir los peores efectos del cambio climático es imperativo. La vida y la salud de millones de personas en todo el mundo están en juego.

A finales de agosto de este año, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) hacía público el avance de los resultados del Grupo de Trabajo I. Este documento advierte que «las decisiones que tomen las sociedades ahora determinarán si nuestra especie prospera o simplemente sobrevive a medida que avanza el siglo XXI».

Así, mientras se buscan respuestas urgentes frente a la COVID-19, se están tomando decisiones políticas de gran calado que definirán el futuro del clima, de la humanidad y del planeta.

Para evitar un cambio climático devastador sólo hay una vía: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2, lo que requiere de decisiones políticas valientes, que introduzcan cambios ambiciosos de forma urgente. Estamos en un momento clave para evitar una crisis mucho más virulenta que la que el mundo ha experimentado con la COVID-19.

El año 2020 marcó un máximo histórico en las emisiones globales y, a pesar de los efectos del parón de la COVID–19, la tendencia de 2021 sigue el mismo patrón.

Mientras tanto, el planeta da cada vez más señales de graves alteraciones climáticas: las lluvias torrenciales, los episodios de sequía y los grandes incendios forestales siguen alcanzando enormes dimensiones y terribles consecuencias. De hecho, el año 2020 fue el tercero más cálido jamás registrado.

Ante la incapacidad de las Conferencias de las Naciones Unidas, sobre Cambio Climático y de los Gobiernos de proteger el futuro cumpliendo con la ciencia, la respuesta de la ciudadanía debe de pasar por apelar a todas las instituciones, incluida la justicia.

No hay señales de que las emisiones bajarán pronto, por lo que la situación actual es injusta, no es democrática y es criminal, hay que cambiar las reglas "de los países ricos" para logra limitar el calentamiento global a 1,5ºC. No se puede afrontar este cambio climático sin democracias sanas que respeten los derechos humanos básicos.

Por todo ello, el próximo 24 de septiembre habrá manifestaciones, en distintas ciudades de España. Una convocatoria que viene precedida de un reciente informe del IPCC que establece la necesidad de una reducción drástica de las emisiones para frenar las mayores y peores consecuencias de la degradación planetaria que estamos originando.

Un informe que refuerza la lucha y justifica la necesidad de esta movilización por la generación presente y por las generaciones futuras, para lo que es fundamental hacer todo lo necesario para cumplir con las indicaciones de la ciencia.

Juventud por el Clima hace un llamamiento a que "millones de personas en todo el mundo salgan a las calles reclamando justicia climática. Si no, el sistema político y económico avanzará en la destrucción de nuestro planeta".