Artículo de Alicia Alonso Merino en la Revista de la Justicia Penal N° 12.- En las últimas décadas estamos asistiendo al uso preferente de la cárcel como respuesta al crimen y a los problemas sociales. Este hecho ha posibilitado que se haya incrementado de forma exponencial el número de personas privadas de libertad en todo el mundo.

Hace más de tres años se aprobó la Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, conocida junto con las reformas introducidas en el Código Penal como leyes mordaza. Desde antes de su entrada en vigor y a lo largo de estos años, multitud de colectivos sociales venimos denunciando que el objetivo de estas leyes es criminalizar la protesta social pacífica y amedrentar a la ciudadanía con la amenaza de duras sanciones económicas. Hace unos meses Amnistía Internacional hacía balance de la situación y constataba “cómo una legislación que ha ampliado la potestad sancionadora de la Administración y aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado, sin introducir mecanismos de control adecuados, ataca a las formas legítimas de protesta y del derecho a la libertad de expresión e información”.

Concentración contra la implantación de la “Huella Digital” en las oficinas de Lanbide en el barrio barakaldés de Cruces. Durante 6 meses se han recogido los datos biométricos de 8.325 personas en las 10 oficinas de Lanbide habilitas en la CAPV. Lejos de las 10.000 unidades de convivencia que se había marcado el Gobierno Vasco como objetivo.

Una propuesta horizontal y de base.

La propuesta de la Amnistía Social cumple ahora 3 años. Desde que diversas organizaciones y colectivos entendieron, que la represión -que nos era transversal a todas, independientemente de las causas o circunstancias- se afronta mejor con la unidad que con la dispersión. Lejos de solucionarse los conflictos de carácter social con un mínimo raciocinio, equidad y justicia, los casos de represión hanaumentado de manera desproporcionada. Y lo han hecho en sus diferentes intensidades -baja, media y alta- y en la gran cantidad de situaciones donde la represión se utiliza de manera disuasoria o coercitiva.

El pasado 10 de mayo por la mañana se realizó una cadena humana desde la Delegación del Gobierno Vasco hasta la sucursal del “Banco Santander” ubicada en la gran vía de Bilbao. En la medida que ha sido condenado a costas el representante legal de una decena de colectivos de personas usuarias de Lanbide.

Sanción impuesta por intentar denunciar ante el Contencioso-Administrativo que los “Criterios” de Lanbide son un simple “manual de uso” sin ningún rango legal ni administrativo; como ya ha criticado el Defensor del Pueblo-Ararteko.

Concentración ante la oficina de Lanbide en el barrio barakaldés de Gurutzeta-Cruces contra la puesta en marcha de la “Huella Digital” en estas dependencias. Los datos biométricos que se recogerán son las huellas de las dos manos, cada uno de los 10 dedos; más una foto telemática.

Una persona usuaria de esta oficina ha manifestado de forma pública su firme rechazo a esta ilegal recogida de identificaciones biométricas. Por lo cual han entregado en estas dependencias un documento donde se solicita el derecho expreso de oposición a aportar datos personales.

Hay que tener en cuenta que estos días se está habilitando una sala donde se recogerán los datos biométricos de cada una de las personas usuarias de estas oficinas, cerca de 3.000 personas; 1.200 de ellas perceptoras de la RGI.

DOMINGO 6 DE MAYO A LAS 17H (PLAZA 15M, S/C DE TENERIFE)

REALIZACIÓN DE LA FOTOGRAFÍA COLECTIVA “TIBURON ATTACK”: trae tu aleta de tiburón. Encontrarás la aleta y las instrucciones para descargar e imprimir en este mensaje

Una violación domiciliaria policial, 24 horas en el calabozo y sólo 10 minutos para quedar libre tras una "chapuza"

mirametv.com. 23-04-2018.- A las 12:24 de este pasado viernes 20 de abril, salía el activista Roberto Mesa de los juzgados de La Laguna (Tenerife, Canarias, España). Sólo 10 minutos después de sentarse a declarar frente al magistrado titular del juzgado de instrucción numero 1 de la ciudad, César Romero Pamparacuatro. Sólo 10 minutos tardó Pamparacuatro en dejar a Mesa, según fuentes oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "en libertad provisional con la única obligación de comparecer como un presunto autor de un delito de incitación al odio" si el juzgado de instrucción número 5 de Santa Cruz de Tenerife lo llama a declarar. El número 5 es el mismo juzgado que el martes día 17 de abril autorizaba la entrada y registro del domicilio de Mesa con un auto declarando la "causa secreta" .

Se ha celebrado la semana pasada  una concentración ante la sede de Lanbide en el barrio barakaldés de Cruces para denunciar la puesta en marcha a lo largo de este mes de abril de la recogida de la huella digital en estas oficinas: cerca de 3.000 personas se verán afectadas; 1.200 de ellas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos.

Contra criminalización de los barrios con mayor tasa de desempleo de Barakaldo, y que son los de atención de esta oficina: Burtzeña (24,84%), Lutxana (21,97%), Llano (21,65%), Cruces (20,66%).
Hay que tener en cuenta que se digitalizarán los 10 dedos de ambas manos y se sacara a cada persona usuaria una foto telemática.

Contra la criminalización de la pobreza

La pasada mañana del miércoles, 21 de junio, se ha desarrollado una concentración ante las principales oficinas del “Servicio Vasco de Empleo” en Barakaldo, ubicadas en el barrio de Beurko.

En el trascurso de esta iniciativa, J.M.G., trabajador autónomo de 28 años, ha presentado la demanda judicial admitida a trámite contra Lanbide en los juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

El pasado viernes 19 de mayo se dictó resolución de admisión a trámite desde el “Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Gasteiz”. De la denuncia judicial formulada desde diferentes colectivos sociales de Bizkaia presentada contra Lanbide contra los «Criterios de Lanbide en materia de Renta de Garantía de Ingresos», de 7 de abril de 2017.

Hoy en Coia se ha inaugurado otra etapa, otro momento de la lucha por la vida de la Asamblea Aberta de Coia y de las gentes de la ODS, del GAS, las baladrinas galegas, y muchas de sus compañeras de viaje. Hoy han dado de nuevo el salto, EL GRAN SALTO, pasar de lo personal a lo estructural, a lo colectivo. Y lo más importante, celebrar el cierre en positivo de la lucha por el intento de criminalización de sus luchas.

El pasado 19 de diciembre, se ha denunciado el incumplimiento sistemático y premeditado de los procedimientos y reglamentos que protegen los derechos de las personas con escasos recursos económicos del municipio; la utilización de criterios restrictivos; dificultad para acceder al personal de las 2 oficinas de Lanbide en la localidad; el entorpecer la entrega de documentación; o lecturas interesadas de la normativa para hacer recortes por medio de suspensiones y extinciones de las prestaciones.

¡Contra la criminalización de la protesta!
 
En la mañana del pasado del pasado jueves 17 de marzo varias personas que han sido multadas en Bizkaia en aplicación de la “Ley de Seguridad Ciudadana” se han concentrado ante el Ayuntamiento de Bilbao para denunciar las sanciones administrativas que les han sido impuestas por participar en diferentes movilizaciones en pro de una sociedad más justa y solidaria: contra los desahucios; las políticas migratorias; las agresiones sexistas; el militarismo; o el recorte de derechos sociales y laborales….