A pesar de la movilización se consuma un desahucio en Barakaldo

Solapas principales

Momento del desahucioEn la mañana del pasado 16 de enero ha sido desahuciada una familia en paro de Barakaldo. En concreto, A. E., de 59 años, y su hijo D. R., de 32 años, han sido desalojados del barrio de Arteagabeitia, en Barakaldo.

Por su parte cinco días antes se realizó una movilización con el ánimo de denunciar la situación que atravesaba esta familia barakaldesa del barrio de Arteagabetia en paro y amenazada de desahucio y que desgraciadamente se consumó.

En concreto, las diferentes administraciones se habían dado un mes para garantizar el acceso a una alternativa habitacional para A. E., de 59 años, y su hijo D. R., de 32 años. Sin embargo, lo único que tenían un mes después era una orden de desahucio inminente.

Una vez más se comprueba el papel mojado que supone el protocolo anti-desahucios acordado en 2013 por el Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, tras el suicidio de la vecina del municipio Amaia Egaña.

Comunicado. Se consuma el desahucio de una familia en paro

Concnetración delante de la casa del desahucioConcentración en la calle Landabeko, número 10. Vivienda de la cual ha sido desahuciada una familia de Barakaldo. Desalojo que se produce tras la inacción el Ayuntamiento de Barakaldo y la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco.

En concreto, A. E. de 59 años, y su hijo D. R. de 32, años son desahuciados sin ningún tipo de solución ni alternativa habitacional.

Son una familia de 2 miembros en paro que desde hace unos meses se han dirigido a los servicios sociales. Pasado este periodo de tiempo no han obtenido ninguna respuesta a su situación de vulnerabilidad económica.

Cabe destacar, que han solicitado una reunión con la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo, y a día de hoy siguen esperando una respuesta. Lo que demuestra su falta de sensibilidad a las necesidades de las familias que peor lo están pasando en la localidad.

Por otro lado, tanto el consistorio o el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide han incumplido el derecho de todas las personas a una vivienda digna y no han acatado el dictamen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU que exige, frente al desahucio de familias sin recursos económicos suficientes, una alternativa habitacional.

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo exige paralizar todo desahucio “hasta procurar desde las diferentes administraciones una alternativa habitacional a las familias afectadas”.

Esta instancia europea remarca que “se ha de dar un alojamiento alternativo y servicios sociales adecuados a la familia afectada por un desalojo. Ante evidente constatación de una situación de exclusión. No se debe desahuciar a las familias que se encuentren en situación de necesidad”.

Sin embargo, el desalojo de esta mañana deja en evidencia el acuerdo anti-desahucios aprobado en 2013 por el Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, tras el suicidio de la vecina de la localidad Amaia Egaña. El cual establece que se deben solicitar informes a los servicios sociales de base cuando hay familias vulnerables afectadas por un desahucio.

Es más, en febrero de este año el propio Gobierno Vasco garantizaba el facilitar “a través del Departamento de Empleo y Políticas Sociales sus recursos en servicios sociales y programas de asistencia social, así como la adjudicación directa de viviendas de protección oficial”.

Por otro lado, la totalidad de consistorios de la Comunidad Autónoma, a través de EUDEL, se comprometían a “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” ante una situación de desahucio. Siendo a día de hoy este protocolo de actuación auténtico papel mojado.

Cabe recordar que 4 familias de Barakaldo son desahuciadas cada semana; especialmente por impagos de alquiler, que son ya el 82% del total.

Comunicado. “La cruz” de los desahucios y los recortes sociales

Momneto de la "procesión" de denunciaDesde el Ayuntamiento hasta el Palacio de Justicia de Barakaldo se portará “La Cruz de los recortes sociales”. Iniciativa a través de la cual se pretende denunciar la situación que atraviesa la familia barakaldesa en paro y amenazada de desahucio en el barrio de Arteagabetia.

Las diferentes administraciones se habían dado un mes para garantizar el acceso a una alternativa habitacional para A. E., de 59 años, y su hijo D. R., de 32 años. Sin embargo tienen orden de desahucio inminente para este próximo martes 15 de febrero.

Pasado un mes, nos encontramos como los compromisos adquiridos con esta familia son papel mojado.

Durante un mes se ha estado a la espera de que el gobierno municipal o el Servicio Vasco de Vivienda-Etxebide acaten el dictamen del “Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU” o la resolución del “Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo”: el cual remarca en sentencia firme que “se ha de dar un alojamiento alternativo adecuado y servicios sociales a la familia afectada por un desalojo ante la evidente constatación de una situación de exclusión y precariedad económica”.

Nuevamente se comprueba que es un brindis al sol el supuesto protocolo anti-desahucios acordado en 2013 por el Gobierno Vasco, Eudel y el Consejo General del Poder Judicial, tras el suicidio de la vecina del municipio Amaia Egaña.

Compromiso de actuación por el cual los servicios sociales de base deben “dar una respuesta inmediata y una tramitación urgente” cuando hay familias vulnerables afectadas por una situación de desahucio; y garantizar el acceso a un alojamiento de urgencia.

Incumplimiento que también podemos achacar a la Consejería de Vivienda del Gobierno Vasco, la cual está obligada legalmente a garantizar el acceso a una vivienda en condiciones dignas.

Al igual que el juzgado de primera instancia de Barakaldo ha hecho oídos sordos a su deber de intermediar para asegurar el derecho a una alternativa habitacional ante un desalojado motivado por una carencia evidente de recursos económicos.

Cabe destacar que en poder de estas tres instancias administrativas: gobierno municipal, Consejería de Vivienda y juzgado de primera instancia. Obra en su poder un informe elaborado desde los servicios sociales municipales donde se constata la situación de vulnerabilidad económica que sufre esta familia barakaldesa.

Por último, en la línea de garantizar en el municipio el derecho a una vivienda digna. Cabe recordar el acuerdo del 3 de febrero del 2016 donde todos los sindicatos de la Policía Municipal de Barakaldo comunicaban a la alcaldesa, Amaia del Campo, su rechazo a que la guardia urbana sea utilizada en los procedimientos de desahucio en la localidad.

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