Alacant. Personas sin recursos esperan hasta nueve meses para cobrar las ayudas básicas del Consell

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Personas afectadas junta o personas del colectivo Marea Roja de AlicanteMarea Roja.- Tras casi 10 meses desde que entró en vigor la Renta valenciana de Inclusión (R.V.I.), son pocas las personas que ya la están cobrando. Han sido 10 meses de trabajo intenso ayudando a rellenar la solicitud a cerca de dos centenares de personas, a pesar de no estar de acuerdo con este tipo de rentas.

Consideramos, a su vez, que lo que debía de haberse hecho era iniciar el proceso de aplicación de la Renta Básica de las Iguales (RBIs) en su primera fase, mediante una asignación que denominamos Renta Valenciana de Ingresos Mínimos y que presentamos y defendimos en las Cortes Valencianas durante el trámite de alegaciones.

Ante esta situación desde Marea Roja Alacant-15M-Baladre pensamos que ha llegado el momento de denunciar, tanto el retraso en la resolución de las solicitudes como el oscurantismo sobre los criterios de aplicación. A su vez criticar un impreso de solicitud farragoso y que interviene en exceso en la vida privada de las personas. Hace unos días, como primer acto público de denuncia mantuvimos una entrevista con la periodista Pino Alberola del diario Información a la que vinieron tres personas que la han solicitado, de esa entrevista la periodista elaboró un artículo, que aunque no recoge todo lo que al857lí se dijo, refleja la situación que está ocurriendo alrededor de la R.V.I. y que reproducimos a continuación, así como un enlace para acceder al original en PDF.

Entidades sociales y el Síndic de Greuges critican que los plazos que se marca la Conselleria de Igualdad son demasiado prolongados al tratarse de familias «con graves carencias y problemas de subsistencia»

PINO ALBEROLA

El caso de R. C. es como el de la pescadilla que se muerde la cola. Nueve meses lleva esperando esta vecina de Sant Joan a que le concedan la Renta Valenciana de Inclusión, la ayuda de la Conselleria de Igualdad para personas sin recursos que entró en vigor en abril del año pasado. Ella echó la solicitud en mayo y todavía no ha recibido un euro, pese a que tiene tres hijos y en su casa no entra ningún tipo de ingreso. En el Ayuntamiento de su localidad no le dan ninguna ayuda de emergencia «porque dicen que en breve cobraré» y la opción de marcharse a Ciudad Real, donde viven, sus suegros, tampoco es viable «porque si nos empadronamos en otra localidad, perdemos el derecho ,a la ayuda». La familia vive con el alma en vilo «porque ya debemos nueve meses del alquiler social y en cualquier momento nos echan».

Su caso no es el único, asociaciones como Marea Roja, en Alicante lamentan que la Conselleria de Igualdad se está demorando en exceso para pagar estas ayudas que van destinadas a familias que han agotado todo tipo de prestaciones. Trabajadores sociales señalan que en localidades de la Vega Baja o en Novelda, familias que solicitaron las ayudas en abril tampoco han recibido aún el dinero.

La norma contempla que los expedientes deben resolverse en seis meses, pero a petición del grupo parlamentario Ciudadanos, el plazo de tramitación se amplió a 9 meses durante el primer año de entrada en vigor de la ayuda. Demasiado tiempo a juicio también del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana al tratarse en muchos casos de familias que ya han agotado todas las ayudas. En una reciente resolución en la que se da respuesta a una queja presentada por los retrasos que acumula la nueva renta, José Cholbi pone el acento en que con las nuevas ayudas el plazo de resolución se ha ampliado de 3 a 6 meses. «Resulta difícil de comprender -lamenta el Síndic- que la nueva ley no prevea una minoración de los plazos fijados en la tramitación de estos expedientes que, sin duda, afectan a prestaciones vitales, sino que ha doblado el plazo previsto respecto a la anterior Renta Garantizada de Ciudadanía». Cholbi cree «que la administración ha de ser escrupulosa en el cumplimiento de los plazos fijados para resolver estas ayudas en las que los preceptores son familias con graves carencias y problemas de subsistencia».

Marea Roja, entidad que cuenta con un punto de información y denuncia de derechos sociales en la ciudad de Alicante, critica que los trámites para cobrar estas ayudas de Igualdad «son farragosos y se meten demasiado en la vida privada de las personas», señala Fernando Patón, integrante de este colectivo. Patón pone como ejemplo, que para solicitar la nueva renta, «se pregunta demasiado por la vivienda, cuando hay situaciones muy complejas de gente empadronada en una casa, que vive alquilado en una habitación de otra vivienda en la que no se puede empadronar para no delatar al propietario». Marea Roja también critica, por ejemplo, que la ley obligue a presentar un certificado de banco, «trámite por el que las entidades bancarias llegan a cobrar 20 euros».

Diez meses de norma

Cuando se cumplen casi 10 meses de su entrada en vigor, los miembros de Marea Roja afirman que son contados los casos de personas que ya la estén cobrando. C. F. lleva esperando desde julio, pese a que vive sola con dos hijos menores a su cargo y Manuel Ruano también aguarda desde el mes de julio, pese a que está parado, no cobra prestaciones y vive en un piso ocupado. Ambos son vecinos de la ciudad de Alicante, donde según Marea Roja, los centros sociales acumulan meses de retraso para atender a la gente.

Las ayudas de la Renta Valenciana de Inclusión se gestionan en un primer momento a través de los ayuntamientos y luego pasan a la Conselleria de Igualdad. Desde el departamento de Mónica Oltra sostienen que su grado de cumplimiento «es del 90%» y que «habría que ver los casos concretos» para detectar dónde está el problema.

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